En medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno, Paloma Valencia denunció millonarios contratos en la Agencia Nacional de Tierras para vuelos chárter y eventos, que contradicen el discurso de austeridad.
En medio de la controversia que persiste alrededor del decreto de la emergencia económica –hoy congelado por orden de la Corte Constitucional e ideado por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis fiscal–, este lunes se conocieron más denuncias de presunto derroche en el corazón del Ejecutivo que contradicen el discurso de austeridad y emergencia.
Si bien el Gobierno de Gustavo Petro argumenta que el decreto busca “recuperar los ingresos necesarios para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país”, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) cuestionó la contratación de millonarios recursos para viajes de los directivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
De acuerdo con la congresista, mientras se habla de austeridad, los altos directivos de la ANT habrían optado por viajar en aviones privados “para evitar las filas y la incomodidad de los vuelos comerciales”. Por ello, firmaron un contrato por más de $4.500 millones.
La denuncia indica que el pasado 13 de junio, la ANT suscribió un contrato con la firma Recio Turismo S.A. para el suministro de tiquetes aéreos de sus funcionarios. Aunque inicialmente se firmó por valor de $3.024 millones, en diciembre pasado hubo una adición presupuestal y hoy el contrato ya asciende a $4.536 millones.
“Con cargo a ese contrato no solo se pagaron vuelos comerciales, sino también vuelos chárter que ya superan los $179 millones, incluso para trayectos donde existen alternativas comerciales mucho más económicas”, reclamó Valencia.
La congresista ejemplificó la situación con un vuelo chárter entre Bogotá y Aguachica (Cesar) para nueve personas que costó $21 millones, pese a que el tiquete comercial para esa misma ruta es de $516.822 por persona. “Aun suponiendo que viajaran los nueve funcionarios, la diferencia supera los $16 millones”, dijo.
Otro caso es el de un chárter entre Bogotá-Puerto Berrío (Antioquia)–Bogotá para el director de la ANT, Felipe Harman, y su esquema de seguridad por $26 millones, “pese a que la ruta puede cubrirse sin dificultad con un vuelo comercial a Medellín y un desplazamiento terrestre posterior, con un costo total cercano al millón de pesos. ¿En serio el señor Harman necesita viajar en charter de $26 millones?”.
En esa línea, Valencia recordó que en junio de 2025 la ANT contrató al Consorcio S.A.S. 2025 para que prestara el servicio de transporte terrestre en todo el país, con disponibilidad total. Después de una adición, ese contrato está fijado en $10.951 millones, “lo que hace aún más injustificable el uso de vuelos privados”.
Por si fuera poco, previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la senadora denunció que el pasado 28 de enero la Agencia suscribió de forma directa un contrato por más de $25.000 millones con el Canal 13 para la realización de eventos, sin licitación y presuntamente excluyendo a empresas privadas.
“De nuevo, acuden a los contratos interadministrativos (entre entidades públicas) para evadir la licitación. Una regla general en este Gobierno: impedir que los privados participen de la contratación. No hay competencia por precios, todo a dedo”, precisó Valencia.
La congresista denunció la millonaria contratación en momentos en los que –reclamó– el Gobierno asegura que no hay dinero suficiente y plantea aumentar los impuestos a los colombianos. “El despilfarro también es corrupción y así no hay presupuesto que alcance”, concluyó.
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