La Contraloría de Villavicencio adelanta una investigación por un posible detrimento económico cercano a los 71 millones de pesos que habría afectado las finanzas del municipio. El proceso involucra al entorno del alcalde Alexander Baquero Sanabria, debido a un contrato suscrito para la prestación de asesoría jurídica externa.
El caso gira en torno a Saúl Villar Jiménez, abogado que fue vinculado como contratista en 2025 para brindar acompañamiento legal al despacho del mandatario local.
Según las indagaciones, habría recibido pagos por servicios que no cuentan con evidencia suficiente de haber sido ejecutados. Por esta razón, fue incluido como presunto responsable fiscal en una decisión que, aunque se tomó a comienzos del año, solo recientemente se hizo pública.
“Se evidencia que el supervisor (del acuerdo público) incumplió con la función de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos”, dice el informe de la Contraloría revelado por El Tiempo.
La investigación se originó tras una denuncia anónima presentada el 26 de diciembre de 2025. A partir de allí, la Contraloría revisó el contrato y detectó inconsistencias en los soportes que debían demostrar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
También se advirtió que el encargado de supervisar el contrato habría certificado actividades sin el respaldo adecuado, lo que permitió que se efectuaran pagos sin la debida verificación.
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En ese contexto, William Velásquez Prieto, quien actuó como supervisor y asesor del despacho, también fue vinculado al proceso. Según el ente de control, el contrato no solo tuvo un valor inicial, sino que posteriormente fue ampliado y prorrogado, lo que incrementó el monto total comprometido y el posible impacto económico para el municipio.
Como parte de las actuaciones, se citó a los implicados para que rindan su versión sobre los hechos. Además, se incluyó a dos aseguradoras como posibles terceros responsables en el ámbito civil.
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Paralelamente, se notificó a la administración municipal para que colabore con la investigación, ya que, en este caso, la Alcaldía es considerada la entidad afectada por el presunto daño a los recursos públicos.
”Al representante legal de la entidad afectada, el Municipio de Villavicencio, a efectos de que presente la debida colaboración y diligencia en la atención y respuesta de los requerimientos que surjan en desarrollo de la actuación”, dice el documento revelado por el medio citado.
Las partes aún no han hecho declaraciones públicas al respecto.
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