Esta semana, la Corte Constitucional comenzará el estudio de dos asuntos de alto interés para el Gobierno Nacional: la demanda contra la reforma pensional y la tutela presentada por el presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado, en la que cuestiona las competencias del CNE para investigarlo por una presunta violación a los topes de su campaña presidencial en 2022.
Por un lado, este martes, la corporación iniciará el debate de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien propone declarar la inconstitucionalidad total de la Ley 2381 de 2024, que permitió la aprobación de la reforma pensional promovida por el Gobierno. El estudio responde a una demanda presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, quien alega que durante el trámite legislativo se incurrió en vicios de procedimiento.
La Corte aceptó revisar el caso con base en tres argumentos: el presunto incumplimiento del artículo 157 de la Constitución, y la posible violación del artículo 48 por parte de los artículos 84.5 y 93 de la ley cuestionada.
Para sustentar su ponencia, el magistrado Ibáñez Najar tuvo en cuenta elementos relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según pruebas recogidas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, la aprobación de la reforma pensional habría estado influenciada por la presunta entrega de sobornos a congresistas.
Al respecto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) subrayó que estos cuestionamientos no guardan relación alguna con las investigaciones penales sobre posibles actos de corrupción en la (UNGRD).
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Se espera que este mismo martes la Corte emita un pronunciamiento final. Hasta ahora, ha trascendido que la decisión podría estar orientada a devolver la ley al Congreso para que se repita el cuarto debate, en el cual se habrían presentado los presuntos vicios de trámite.
De otra parte, el alto también tiene en su agenda, para este miércoles 18 de junio, el análisis de la tutela interpuesta por el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y otros organismos. Esta acción judicial busca frenar el concepto emitido por la sala de consulta que sirvió de base para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzara en una investigación contra la campaña presidencial de Petro, por una presunta violación de los topes electorales en más de 5.355 millones de pesos.
Según reclamó Petro en la acción de tutela, la decisión del Consejo de Estado vulneró sus “derechos fundamentales al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional”, en la medida en que la única Corporación que lo puede investigar es la Comisión de Acusación del Congreso.
De acuerdo con el jefe de Estado, al darle vía libre al CNE para investigarlo a él, el Consejo de Estado desató “un caos jurídico que connota el inminente riesgo de afectar la estabilidad institucional del país; y cuya decisión fue adoptada de manera arbitraria y con abuso de la competencia otorgada a la Sala de Consulta ya referida”.
El caso quedó en el despacho del magistrado ponente Vladimir Fernández y podría convertirse en una decisión crucial: bien para detener el avance del proceso en el CNE o para ratificar que dicho órgano tiene competencia para continuar indagando. No es un asunto menor que el despacho de Fernández proyecte el caso. Se trata de un jurista que se desempeñó como secretario jurídico de la Casa de Nariño en el Gobierno Petro y quien fue ternado por el propio mandatario para llegar al alto tribunal.
En medio de un ambiente político tenso y con crecientes cuestionamientos institucionales, la Corte entra en escena como árbitro de temas que tocan tanto la legitimidad del actual gobierno como el alcance de las reformas que busca implementar.
