La política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro quedó bajo revisión de la Contraloría General de la República por la forma en que se asignaron y ejecutaron recursos destinados a las negociaciones con grupos armados y a proyectos en zonas afectadas por el conflicto.
Un informe de más de 800 páginas, aún no presentado públicamente, identificó 344 hallazgos relacionados con la implementación del acuerdo de paz y la Paz Total durante el periodo de Petro y puso en cuestión el manejo de recursos que supera los $64 billones.
Los hallazgos fiscales de la Contraloría alrededor de la Paz Total
El documento, revelado por Noticias RCN, constituye la primera revisión integral de las cuentas asociadas a estas políticas por parte del organismo de control.
Entre sus conclusiones aparecen recursos que no se materializaron, proyectos con niveles mínimos de ejecución y situaciones que podrían haber ocasionado un detrimento patrimonial.
Uno de los aspectos examinados corresponde al dinero destinado directamente al funcionamiento de la política y a las negociaciones. Durante cuatro años fueron asignados $668.454 millones para ese propósito.
De ese monto, $443.000 millones contaban con una ejecución definida, mientras que la diferencia frente a los recursos inicialmente previstos superaba los $368.000 millones.
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La situación, según el informe, se hizo más evidente durante 2026. De los $306.000 millones que habían sido asignados para esa vigencia, únicamente $46.000 millones habían alcanzado la etapa de obligación.
En términos porcentuales, esto significa que por cada $100 destinados a este componente de la política, solo $15 habían llegado a esa fase del gasto.
Caminos Comunitarios: el programa de la Paz Total bajo la lupa de la Contraloría
La Contraloría también puso la lupa sobre los programas de intervención territorial vinculados a la Paz Total. Uno de ellos es Caminos Comunitarios, iniciativa concebida para mejorar vías rurales en regiones afectadas por la violencia.
La auditoría encontró que, al momento de la revisión, de cada 100 kilómetros que estaban previstos para intervención, ni siquiera uno había sido intervenido. La ejecución registrada para este componente era, por tanto, del 0 %.
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El programa fue sometido a una revisión de $48.000 millones y allí se identificaron 71 hallazgos. Dentro de ese conjunto, la Contraloría estableció un posible detrimento patrimonial de $1.513 millones, relacionado con las obras viales que no fueron ejecutadas en la proporción contemplada.
¿Qué pasará con la Paz Total?
El balance fiscal general de la revisión también plantea una alerta de mayor alcance. Al analizar conjuntamente los recursos destinados a la implementación del acuerdo de paz y a la política de Paz Total, el organismo de control calculó cerca de $1,16 billones asociados a posibles detrimentos patrimoniales.
Los hallazgos llegan justo al inicio del gobierno de Abelardo de La Espriella, quien en menos de tres días ya ha confirmado la captura o muerte de varios cabecillas de las disidencias de las Farc.
De hecho, horas antes de su acto de posesión, el nuevo presidente confirmó, oficialmente, el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de “alto perfil” y vinculadas a “procesos de negociación de paz”.
Además, durante su discurso de posesión anunció:
“En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas, con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen”.
Esa misma línea siguió tras enterarse de un ataque terrorista en el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana que conecta Cali con Popayán: “Colombia no se arrodillará”, aseguró.
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