Justamente, la llegada del activista se da en momentos de tensión institucional luego de que el Consejo de Estado congeló la consulta popular por decreto que convocó el jefe de Estado, pese a la negativa de la plenaria del Senado, uno de los requisitos institucionales para materializar la convocatoria.
La tesis de Saade –quien ha pedido cerrar los medios de comunicación, ha llegado a proponer cerrar el Congreso y es partidario de la reelección presidencial de Petro–, se une a la que ventiló días atrás el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
El pasado 12 de junio, el funcionario entrante se declaró partidario de una Constituyente y al enmarcarla como “una iniciativa popular” que requeriría apenas ocho millones de firmas, equivalente al 20 % del censo electoral, lo que –explicó– haría que pasara directamente a la Corte Constitucional para su validación.
“Hay una norma que establece que cuando hay un 20% de firmas frente al censo electoral, ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República, es decir, este no podría negarse a convocar la Constituyente”, dijo.
“Cuando tenemos un bloqueo institucional, una sociedad bloqueada, cuando tenemos que la Constitución del 91, que yo defiendo y he ayudado a proteger, ya no tiene una capacidad de resolver los problemas del siglo XXI, porque ya se presentan múltiples situaciones que hacen insostenible mantener ciertos aspectos centrales de la Constitución del 91, hay que cambiarla”, manifestó.
Sin embargo, otro es el camino que establece la Carta Magna. Según la Constitución, el primer paso para convocar una Asamblea es una ley que deberán aprobar tanto el Senado como la Cámara para consultarle a la ciudadanía si está a favor de la Constituyente.
Dicha ley, que debe contar con mayorías calificadas, deberá especificar asuntos como el número de integrantes de la Asamblea, los temas o la fecha de su iniciación y su período. Una vez sancionada, la norma deberá ser revisada por la Corte Constitucional.
En caso de tener el aval del alto tribunal, se establece que entre dos y seis meses se deberá convocar a los colombianos a las urnas. En este punto hay diferencias frente a las cuentas alegres que hace el nuevo ministro de Justicia.
El artículo 376 de la Constitución precisa que habrá vía libre para una Constituyente cuando una tercera parte de los integrantes del censo electoral voten a favor. Hoy por hoy, el censo electoral está calculado en 41’089.836, es decir, se necesitarían no 8 millones de firmas, sino el respaldo irrestricto de 13’696.612 personas.
Recientemente, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona alertó que la consulta popular que promueve el Ejecutivo solo tiene un ‘efecto distractor’, teniendo en cuenta que “realmente el proyecto es la Asamblea Constitucional”.
“La Asamblea Constitucional requiere un quorum mayor porque convoca a todos los sectores de la Nación. La Asamblea Popular es una figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas en el mundo, el caso más reciente es Venezuela, porque lo que hacen en el acto reflejo es que el presidente dice ‘yo soy el pueblo’”, explicó en diálogo con la emisora W Radio.
