Tatiana* le teme al horizonte porque allí quedó atrapada la última imagen de su mamá. Tenía 11 años cuando hombres armados la subieron a una camioneta para convertirla en una víctima de reclutamiento. Desde la parte trasera del vehículo alcanzó a ver, cada vez más lejos, su casa, su vida, su infancia. Iba rumbo a un lugar del que nadie regresa igual. Para ella, ese fue el comienzo de la guerra y el final abrupto de la niñez.
“Mientras la camioneta avanzaba, veía a mi mamá a lo lejos. La vi golpearse la cabeza contra el piso, gritar, correr detrás de mí. La imagen se fue perdiendo en el horizonte. Nunca aparté la mirada. Me quedé mirándola hasta que desapareció. Fue la última vez que la vi”, recuerda.
Su madre intentó retenerla clavando las uñas en los brazos aún frágiles de una niña que ni siquiera había llegado a la adolescencia. No pudo. Las marcas quedaron impresas como cicatrices profundas que hoy dibujan un mapa sobre su piel. Un rastro físico de ese instante exacto en el que la camioneta avanzó y la guerra comenzó. La cicatriz de la vida que poco a poco olvidó.
La historia de Tatiana no es una excepción. Es un patrón.
Así lo confirma el tercer informe de la coalición NiñezYA, “La niñez no da espera 2026”, que retrata con cifras lo que miles de niñas y niños viven en silencio. En Colombia, cada 20 horas un menor es reclutado o utilizado por grupos armados. En los últimos cinco años, este crimen creció un 300%, dejando a más de 1.200 niños, niñas y adolescentes arrancados de sus entornos entre 2019 y 2024.
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Solo entre 2023 y 2024, el reclutamiento aumentó un 64%, con un impacto desproporcionado sobre la niñez indígena y afrodescendiente, que hoy representa el 52% de las víctimas. El informe, basado en cifras de Unicef, advierte, además, una peligrosa diversificación de las estrategias de captación, ahora extendidas a redes sociales y plataformas digitales, donde la guerra también aprende a esconderse.
Pero el reclutamiento es apenas una de las caras de un conflicto que no cede. Durante el primer semestre de 2025, según el informe, 362.243 menores resultaron afectados directamente por hechos relacionados con la confrontación armada. Desplazamientos forzados, bloqueos de servicios básicos y ataques a escuelas. La cifra representa un aumento del 708% frente al 2024. Hoy, más de 6.700 sedes educativas están ubicadas en territorios bajo alerta temprana por presencia de actores armados.
Fuera del escenario de combate, la violencia tampoco da tregua. En promedio, 217 casos diarios de presuntas vulneraciones de derechos contra menores son reportados en el país. El 68% ocurre dentro del hogar y en la mayoría de los casos son familiares cercanos los responsables de los ataques. “El lugar que debería proteger se convierte, para muchos, en otro escenario de riesgo”.
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El informe abarca múltiples escenarios donde la niña del país se ve afectada o expuesta a vulneraciones de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, destaca la detonación de una crisis silenciosa de salud mental. Entre 2020 y 2024, los intentos de suicidio aumentaron un 48%, y el 30% corresponde a menores de 18 años. Los trastornos de ansiedad en adolescentes entre 15 y 19 años crecieron un 118% entre 2019 y 2023.
A esto se suma el hambre. Las notificaciones por desnutrición aguda, moderada y severa aumentaron un 129% entre 2017 y 2024. Hoy, el 25,5% de la población infantil vive con inseguridad alimentaria, cifra que asciende al 34,2% en las zonas rurales, donde el Estado llega tarde o no llega.
Pese a la magnitud de la tragedia, el informe advierte que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Para 2025, existe una brecha presupuestal de 3,4 billones de pesos frente a lo necesario para garantizar los derechos mínimos de la niñez. Mientras el estándar internacional recomienda invertir el 1,16% del PIB, Colombia apenas destina el 0,83%.
Tatiana hoy es una sobreviviente. Pero también es un dato más dentro de una estadística que crece sin pausa. La niñez colombiana, el 26% de la población, con 13,8 millones de personas, enfrenta una triple amenaza de conflicto, pobreza y abandono estatal. Como advierte NiñezYA, garantizar sus derechos no es un gesto de buena voluntad, es una obligación ética y la única forma de evitar que más infancias se pierdan, para siempre, en el horizonte.
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