Durante la audiencia de imputación de cargos contra César Manrique, exsubdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Fiscalía General de la Nación hizo nuevas revelaciones sobre el modus operandi con el que se habría saqueado la entidad mediante el desvío de recursos públicos.
Según el ente acusador, Manrique, junto con los exfuncionarios Olmedo López y Luis Carlos Barreto, se habrían apropiado del 14 % del valor total de varios contratos financiados con recursos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía detalló que el objetivo era reducir el valor del convenio con la ANT en 100.000 millones de pesos, liberar los recursos restantes y trasladarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
En el caso de los dineros desviados del convenio con la ANT, se financiaron contratos de los cuales se extrajo un 7 % para Manrique y Olmedo López. Estos, a su vez, repartían dichos recursos, según la Fiscalía, con Sneyder Pinilla y Luis Carlos Barreto.
“Usted, señor Manrique Soacha, citó a Olmedo López a las instalaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Allí acordaron que Olmedo López recibiría el siete por ciento del valor de cada contrato, porcentaje que incluía la coima para Sneyder Pinilla Álvarez y su grupo de trabajo, y por lo menos otro siete por ciento de coima para usted y para Barreto Gantiva”, leyó la Fiscalía.
Las pruebas contra Manrique se basan principalmente en documentos y testimonios aportados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como en la declaración de Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo, quien ya fue condenado a tres años y siete meses de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía.
También están siendo imputados el abogado Édgar Riveros Rey; los contratistas Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo; el representante de ventas Édgar Echeverri Toro; el jefe de ventas Francisco Javier Estupiñán Bravo; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
