La campaña del hoy presidente Gustavo Petro en 2022 sí excedió los topes establecidos por la ley en más de $3.042 millones y además acudió a fuentes prohibidas de financiación. Esta es la demoledora conclusión a la que llegaron los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes finalmente radicaron una ponencia en la que piden sancionar administrativamente a los responsables del proceso en las huestes petristas por presuntamente pasarse por la faja el régimen de financiación electoral.
El documento –de 554 páginas, conocido por este diario–, es fruto de más de dos años de investigación y análisis minucioso a las cuentas de la campaña durante primera y segunda vuelta. En la ponencia no hay sanción alguna contra el presidente Petro, luego de que la Corte Constitucional concluyó meses atrás que el órgano llamado a determinar la eventual responsabilidad del jefe de Estado es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no el CNE.
Sin embargo, quienes sí serían sancionados administrativamente serían el entonces gerente de campaña, Ricardo Roa –hoy presidente de Ecopetrol–, Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y María Lucy Soto (auditora), así como los movimientos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
Además de pagar $2.879 millones por recibir aportes provenientes de fuentes de financiación prohibidas tanto en primera como en segunda vuelta, la ponencia propone que los investigados devuelvan $3.043 millones por concepto de reposición de gastos. Incluso, en el caso de Roa, se insta a que se compulsen copias en su contra en la Fiscalía por presunto fraude procesal. Por su parte, se determina que los partidos políticos deberán pagar cada uno una multa de más de $583 millones.
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En el documento se hace un pormenorizado análisis de presuntas omisiones frente al pago de testigos electorales y aportes no registrados de partidos como la Colombia Humana, a lo que se suman otras donaciones de organizaciones como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) la Unión Sindical Obrera (USO). Sin embargo, en la ponencia también se cayeron las acusaciones que pesaban contra la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S.A.S.), encargada de los vuelos durante la campaña.
Primera vuelta: $2.459 millones de más
Una primera irregularidad que advierten los magistrados es que la campaña omitió reportar un aporte de $500 millones por parte de la Colombia Humana, que en mayo de 2022 aprobó un “apoyo económico” a la campaña. Según la investigación, los recursos habrían sido usados para el proceso de capacitación, reclutamiento y control de testigos electorales.
En el mismo sentido, se advierte que no se reportó un crédito otorgado por otros $500 millones por parte del Polo Democrático, los cuales la coalición pagó el 27 de mayo de 2022. De acuerdo con la ponencia, aunque en un primer momento se registró el movimiento en el informe de ingresos y gastos de noviembre de 2022, posteriormente fue suprimido.
“Es decir, que el crédito enunciado y su correspondiente pago desaparecieron de la contabilidad de la campaña, generando en consecuencia una alteración injustificada de la información contable”, se reclama en el documento.
No obstante, la omisión más onerosa estaría relacionada con el pago de testigos electorales. La ponencia indica que a 30.256 de ellos se les reconocieron recursos que totalizaron $931 millones, los cuales fueron girados a través de un contrato suscrito con la firma Ingenial Media S.A.S.
Aunque los investigados argumentaron que “el rol de los testigos electorales se circunscribe al día de las elecciones, lo que traducen como un escenario fuera del periodo de la campaña”, los magistrados advierten que se trató de “un gasto electoral real y directo”. Incluso, –con base en testimonios de los mismos beneficiarios–, lograron determinar que durante los procesos de formación de los testigos se prometieron remuneraciones que, en efecto, fueron pagadas.
De hecho, otra presunta irregularidad sería haber hecho pasar el pago de esos testigos electorales en la campaña del Pacto Histórico al Senado. De allí que cada uno de los 20 candidatos de la lista cerrada reportó de manera individual un pago de $112 millones para ese propósito.
Justamente, los magistrados establecieron que, al parecer, la empresa Ingenial Media habría destinado recursos para la campaña al Senado para la campaña a la Presidencia por $202 millones. Lo anterior, de cara a adquirir bienes y servicios relacionados con plataformas, equipos, productos tecnológicos y capacitaciones de testigos electorales.
Por otro lado, los magistrados alertaron que la campaña omitió relacionar en el informe de ingresos y gastos cinco facturas electrónicas, dentro de las cuales se encuentra una emitida por Caracol TV, correspondiente a publicidad electoral por $356 millones.
Aunque el movimiento había sido incluido en el informe de ingresos y gastos de segunda vuelta, se probó que la misma soportaba la prestación de servicios de publicidad en internet difundidos desde el 2 hasta el 23 de mayo de 2022. La campaña se defendió diciendo que había sido un error, argumento que no resultó válido para los magistrados.
Finalmente, aunque se determinó que la USO apoyó a la campaña con $121 millones durante primera vuelta, no se evidenció tal donación en los libros contables. Se trata de recursos que fueron destinados para la logística en transporte, combustible y alimentación, entre otros. “Efectivamente en la asamblea se aprobó que apoyáramos el candidato a la contienda electoral ya que Gustavo Petro nos generaba confianza para los intereses de los trabajadores”, reconoció uno de los miembros del sindicato.
¿Y Sadi S.A.S.?
Si bien durante meses los ojos estuvieron puestos en los servicios de transporte aéreo y las presuntas omisiones frente a lo que reportó la Sociedad Aérea de Ibague (Sadi), los ponentes reconocieron “dudas razonables” y decidieron desestimar las acusaciones. No es un hecho menor.
En el pliego de cargos se advirtió la presunta alteración de la información relacionada con el pago de los servicios de transporte aéreo por valor de $1.249 millones, lo que, sin duda, hubiera significado la más alta omisión.
Se denunció que Sadi habría anulado y modificado de manera sistemática las facturas electrónicas emitidas por los servicios adquiridos. Lo anterior –según argumentaron– por la variación en las horas de vuelo, valores y otros conceptos. Así las cosas, se pasó de un valor inicial por los servicios de $4.019 millones a $2.770 millones.
Según Roa y la auditora de la campaña, la anulación de las facturas obedeció a errores en los valores y que no se tuvo en cuenta un otrosí al contrato inicial mediante el cual se habrían ajustado las horas de vuelo y las tarifas del transporte aéreo. Asimismo, señalaron que “por error en la plataforma DIAN no se había sumado de manera adecuada el IVA” y que una de las aeronaves realizó desplazamientos de mantenimiento, de ubicación y otros, que no tendrían relación con la campaña.
Aunque en la ponencia se alerta por la “manera intempestiva” en que se realizaron “sistemáticas anulaciones y modificaciones de los conceptos facturados”, reconocieron que eran movimientos justificados “en virtud de las modulaciones a las condiciones contractuales y los ‘errores’ en la expedición de las facturas”.
“En la medida que existen dudas razonables sobre la responsabilidad de los investigados frente a la falta objeto de estudio y como quiera que ya cursaron las distintas etapas del procedimiento administrativo sancionatorio sin que se haya obtenido certeza sobre pagos más allá de los probados, esta Corporación se abstendrá de emitir sanción sobre el particular”, precisaron.
Segunda vuelta: omisiones por $583 millones
Por otro lado, frente a segunda vuelta la ponencia señala que la campaña omitió reportar el pago a 5.328 testigos electorales por $177 millones. Una vez más, los acusados aseguraron que “los testigos electorales no promueven candidaturas, sino que supervisan el desarrollo de los procesos electorales”.
Lo cierto es que los magistrados determinaron que, fruto del contrato entre Roa e Ingenial Media, se logró cubrir la actividad de los testigos no solo en primera vuelta, sino también en segunda. “La logística relacionada con los testigos electorales no solo formaba parte del diseño estratégico, sino que constituía un componente central”.
En el mismo sentido, concluyeron que Colombia Humana realizó “pagos inherentes” a la operación de testigos electorales por concepto de transporte, alimentación y logística para la campaña. Lo anterior, por más de $530 millones según dan cuenta los estados financieros reportados por el partido.
Además, que la USO aprobó 78 inversiones en la campaña de segunda vuelta que ascendieron a $379 millones, relacionados con logística en transporte, aportes económicos, combustible y alimentación, entre otros, “pagos que también habrían tenido coincidencias con el componente de los testigos electorales”.
En este punto la ponencia hace referencia nuevamente a la empresa Sadi. Una vez más se advierte que fueron anuladas y modificadas facturas electrónicas debido a la supuesta variación en las horas de vuelo, valores y otros conceptos de orden económico. En total, se contaban presuntas irregularidades por $962 millones.
Sin embargo, los magistrados volvieron a apelar a la duda razonable frente a la presunta alteración en el contenido de las facturas.
En este contexto, se llamó la atención por otro gasto que, si bien en un primer momento la campaña reportó, luego retiró. Se trata de la contratación de un “servicio de producción” para la realización de un evento el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá, donde la campaña celebró el triunfo en segunda vuelta y que demandó recursos por $250 millones consignados en dos facturas.
Según los acusados, el contrato no puede suscribirse como un acto de campaña, en la medida en que se celebró posterior al certamen. Aunque los magistrados les dieron la razón, reclamaron que al reportarlo inicialmente como gasto se indujo al error al momento de desembolsar los recursos relacionados con reposición de votos. Por ello, pidieron a la Fiscalía investigar a Ricardo Roa y restituir el dinero.
Las cuentas en el CNE
La ponencia de los magistrados Prada y Ortiz ahora enfrenta un reto mayúsculo: lograr la aprobación de la mayoría del CNE para materializar las sanciones, lo que representaría un golpe para el presidente Gustavo Petro y sus aliados frente a su discurso de transparencia y nuevas formas de hacer política.
A diferencia de otros organismos, en el CNE media la política: se trata de un ente cuyos magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso. De allí que lo que venga ahora sea una disputa política frente al futuro de la campaña de 2022.
La Corporación está conformada por 10 magistrados; sin embargo, solo nueve tienen voz y voto, y para sancionar a la campaña o absolverla se necesitará una mayoría absoluta. Es decir, seis votos.
Las cuentas, según fuentes consultadas por este diario, no dejan de ser apretadas. Por un lado, a favor de sancionar a la campaña se contarían, además de Prada (Centro Democrático) y Ortiz (Partido Liberal), los magistrados Cristian Quiroz (Alianza Verde), Maritza Martínez (La U) y Alfonso Campo (Partido Conservador). Es decir, habría cinco votos asegurados.
Sin embargo, en contra figurarían Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez (ambas del Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry (Colombia Justa y Libres). No obstante, la magistrada Velásquez fue recusada y será necesario acudir a un conjuez, mientras que Echeverry también correría la misma suerte, pues fue determinante para que el Pacto recuperara casi medio millón de votos embolatados en el escrutinio de las elecciones de 2022. Además, fue nombrado director de la Autoridad de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
En medio queda el magistrado Altus Baquero, del Partido Liberal, que aunque votó a favor de abrir una investigación a la campaña, siempre se opuso a que el proceso involucrara al presidente Petro.
Las particularidades de cada caso deberán ser resueltas en los próximos meses y el CNE tiene hasta diciembre próximo para tomar una decisión en sala plena frente a las presuntas irregularidades de primera vuelta, y hasta abril para resolver las de segunda vuelta. El debate apenas comienza.
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