La Fiscalía General de la Nación calificó de difamatorias las afirmaciones hechas en distintos medios de comunicación “sobre la supuesta intervención en favor de la criminalidad en investigaciones que se siguen en la Subunidad Investigativa Cauca – Eje Cafetero, adscrita a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico” del saliente fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La defensa, que fue hecha por el mismo Barbosa en sus últimas declaraciones como fiscal general, tienen que ver con la supuesta reasignación que habría hecho de dos indagaciones por el delito de narcotráfico para favorecer a la entonces vicefiscal Martha Mancera, ahora fiscal encargada.
El hoy exfiscal señaló que los policías judiciales encargados del caso siguen con las investigaciones y que este no ha sido archivado.
Según la comunicación de la Fiscalía, previa solicitud sustentada legalmente por el Delegado para la Criminalidad Organizada y la Directora Especializada contra el Narcotráfico, Barbosa “firmó la resolución N°00762 del 26 de abril de 2021, en la cual reasignó dos indagaciones que estaban a cargo del fiscal 52 especializado Jaime Hernán Ocampo López, relacionadas con la desarticulación de una organización dedicada al tráfico trasnacional de estupefacientes”.
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Según las revelaciones hechas por el medio Cuestión Pública, la resolución en cuestión ordenó quitarle al fiscal 51 las investigaciones sobre los tentáculos de poderosas bandas de narcotráfico en las que aparecía relacionado alias Pacho Malo, remoquete con el que se estarían refiriendo al entonces director del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez, para trasladar las investigaciones a la fiscal 52 de Cauca “que ha sido pareja de un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, entidad que investiga a Mancera”.
El punto, más allá del cambio, es que la solicitud del traslado fue emitida por María Elena Monsalve Idrobo, directora Especializada contra el Narcotráfico, conocida por ser la pareja de la actual fiscal encargada Martha Mancera.
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Después de esto, según Barbosa, los expedientes quedaron en manos de una fiscal de la misma subunidad del Cauca – Eje Cafetero por solicitud del delegado para la criminalidad organizada, quien era el único con esa competencia en la jurisdicción.
“Debe tenerse en cuenta que adicional a lo anterior, un fiscal delegado ante Tribunal en el marco de su autonomía e independencia, imputó y acusó al fiscal 52 especializado Jaime Hernán Ocampo López por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal detectados en las dos investigaciones que le fueron retiradas por la resolución del 26 de abril de 2021”, agregó la Fiscalía.
Por lo que Ocampo López, explicó la institución, se encuentra a la espera del inicio de su juicio de responsabilidad penal.
En el comunicado, la Fiscalía además señaló que en el caso de Barbosa, como fiscal general, no necesariamente debía estar enterado de los detalles de la investigación, ya que esto corresponde al fiscal encargado del caso “quien goza de autonomía e independencia conforme a la ley”.
Entre otros consolidados y como defensa adicional contra los señalamientos, la Fiscalía indicó que Barbosa firmó 1146 órdenes de captura con fines de extradición y “826 resoluciones de variación de asignación y asignaciones especiales con estricta sujeción a las disposiciones legales que rigen la materia”.
Y, además, impidió la suspensión de órdenes de captura de narcotraficantes con fines de extradición y la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que buscaba, entre otras cosas, la legalización de la cadena productiva del narcotráfico.
Así que la Fiscalía señaló en el final del documento que “es inaceptable que un medio de comunicación, sin contrastar la información, insinúe un favorecimiento a delincuentes por parte del fiscal”.
