Bogotá podría evitar el alza del pasaje de TransMilenio en 2026 si el Gobierno Nacional aporta recursos adicionales no contemplados hoy, en medio de un cruce de versiones entre Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán.
Tras conocer el nuevo borrador de decreto que plantea un incremento para los pasajes TransMilenio en Bogotá, incluyendo corredores troncales y zonales, el presidente Gustavo Petro le hizo una propuesta al alcalde Carlos Fernando Galán con el objetivo de mantener el precio de los tiquetes en la capital colombiana.
La propuesta se conoce justo en época electoral, a meses de los comicios de marzo próximo y pese a que Petro, como alcalde de Bogotá (2012-2015), promovió una disminución en la tarifa durante las horas valle, lo que en su momento le valió una investigación de la Contraloría por un déficit de $217.000 millones.
El documento revelado esta semana por el Distrito plantea que el pasaje en este sistema debería subir unos $350, lo que dejaría cada tiquete en $3.550. El jefe de Estado explicó que su propuesta pretende conservar el precio de los pasajes de TransMilenio y así incrementar el número de pasajeros, reducir la congestión y disminuir el déficit del sistema.
Ese anuncio lo hizo el presidente Petro en su cuenta de X donde dijo: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si TransMilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación”.
En respuesta al presidente Petro, el alcalde Galán, precisó que el convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito para la flota eléctrica de TransMilenio no contempla los 1,5 billones de pesos anunciados por el mandatario en redes sociales, sino un aporte real de 938.000 millones de pesos.
Según Galán, esos recursos no ingresarán en 2026, sino que comenzarán a desembolsarse a partir de 2027 mediante vigencias futuras, de forma gradual hasta 2040, por lo que este año no llegará ningún giro.
No obstante, el mandatario del Distrito señaló que si el presidente está anunciando la disponibilidad de 1,5 billones de pesos adicionales —es decir, 562.000 millones más de lo ya pactado— sería una “gran noticia”, pues permitiría evitar el incremento de la tarifa del sistema en Bogotá durante 2026.
A esto se suma un pronunciamiento reciente de Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), publicado el 31 de diciembre de 2025. En ese comunicado reconocieron el impacto positivo del aumento del salario mínimo (fijado para este 2026 en dos millones de pesos con auxilio de transporte incluido), pero advirtieron que la decisión tendría efectos colaterales sobre otros trabajadores y, especialmente, sobre la sostenibilidad fiscal, los proyectos y los recursos de los gobiernos locales.
Asocapitales alertó que uno de los sectores más afectados sería precisamente el transporte público urbano, debido a su alta intensidad en mano de obra. Entre el 40 % y el 55 % de los costos operativos de los sistemas de transporte masivo, colectivo y estratégico corresponden a salarios, prestaciones y aportes a seguridad social, muchos de ellos indexados al salario mínimo.
El incremento del salario mínimo, señaló la asociación, genera una mayor presión sobre las tarifas al usuario o, en su defecto, sobre los subsidios financiados con recursos municipales, además de tensiones sobre el equilibrio financiero de sistemas cuya demanda aún se encuentra en proceso de recuperación.
Según el gremio, entre otros impactos, un aumento del 23 % en el salario mínimo se traduciría en un alza adicional superior a 200 pesos en el pasaje, sobre incrementos ya proyectados.
El pronunciamiento también advirtió impactos directos en la vivienda de interés social (VIS), cuyos topes están definidos en salarios mínimos. El ajuste automático derivado de ese incremento eleva el precio máximo de este tipo de viviendas —hasta en 49 millones de pesos, dependiendo de la categoría y la ciudad—, lo que se traduce en una menor oferta de proyectos, mayores dificultades para los programas de vivienda urbana y de mejoramiento integral, y una reducción en la decisión de compra de las familias, ante precios finales más altos y condiciones menos favorables de crédito y subsidio.
Para Asocapitales, la suma de estos impactos y otros más recogidos por ellos en su comunicado, reduce el margen fiscal para la inversión, obliga a aplazar o redimensionar proyectos estratégicos y limita el alcance de los programas sociales, razón por la cual las ciudades capitales anunciaron que continuarán el análisis conjunto para fijar una posición institucional frente a los efectos reales del aumento del salario mínimo en los territorios.
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