Desde su llegada al poder en 2022, Gustavo Petro ha buscado posicionarse como el gran reformador del modelo económico y social colombiano. El primer presidente de izquierda elegido democráticamente en la historia del país prometió transformar profundamente el sistema de salud, las pensiones y las condiciones laborales, así como alcanzar una “paz total” negociada con todos los actores armados del conflicto. Sin embargo, el balance hasta hoy dista mucho de ser favorable. Las tensiones con el Congreso, la incertidumbre jurídica, la inseguridad creciente y un estilo de gobierno errático han dejado al mandatario atrapado entre las promesas y los fracasos.
Los obstáculos han sido múltiples. Aunque su ambiciosa agenda respondía a demandas sociales históricas, la falta de una coalición sólida y su enfrentamiento constante con el Legislativo le han impedido consolidar el respaldo necesario. En este contexto, su último anuncio —la posibilidad de convocar una asamblea constituyente— encendió las alarmas en sectores políticos y sociales que temen una deriva autoritaria.
Y es a raíz de eso que la revista The Economist publicó una demoledora columna, en la que señala que su paso por el poder ha estado marcado más por frustraciones que por avances. Las reformas estructurales que prometió —en salud, pensiones, trabajo y paz— han tropezado una y otra vez con resistencias legislativas, decisiones judiciales y una creciente tensión institucional que debilita su capacidad de gobierno.
“Han sido unos años frustrantes para Gustavo Petro”, afirma la publicación británica, que califica su estilo como “pugilístico” y critica su tendencia a enfrentarse abiertamente con el Congreso y otros poderes del Estado, lo que ha obstaculizado el avance de sus principales propuestas.
Uno de los puntos más críticos del análisis de The Economist es la fallida reforma del sistema de salud. En lugar de ajustar el modelo mixto actual —donde 27 aseguradoras privadas operan bajo supervisión estatal— Petro optó por una propuesta radical: la intervención. Aunque el sistema colombiano presenta deficiencias, también ofrece una cobertura más eficiente que la mayoría de los países de América Latina, destaca la revista. Sin embargo, en vez de reformarlo, Petro buscó desmantelarlo, lo que llevó a un choque directo con el Congreso.
Tras el archivo del proyecto inicial, el gobierno intervino las dos EPS más grandes, inicialmente. En marzo de 2025, la Cámara aprobó una versión más moderada, pero The Economist advierte que es muy probable que el Senado termine por hundirla.
Tampoco ha sido más exitoso con la reforma pensional. El proyecto, que obligaría a cotizar al sistema público a quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos, fue devuelto al Congreso por el Tribunal Constitucional el pasado 18 de junio, luego de que la oposición denunciara que fue aprobado sin el debido debate parlamentario. La medida debía entrar en vigor el 1 de julio, pero ahora está en un limbo legal.
En contraste, su única victoria significativa fue la aprobación de la reforma laboral. Aunque inicialmente rechazada dos veces por el Senado, fue aprobada después de que el presidente amenazara con convocar una consulta popular. Entre otros puntos, la nueva ley aumenta el pago de horas extra en domingos y festivos al 100 %, obliga a las empresas a asumir más responsabilidades con trabajadores independientes y busca mejorar la seguridad laboral. Para la izquierda, es una reivindicación histórica; sin embargo, The Economist advierte que el aumento de los costos de contratación —estimado en hasta un 15 % por el centro de estudios Fedesarrollo— puede llevar a más informalidad en un país donde el 60 % de los trabajadores ya laboran en el mercado negro.
Petro prometió desmantelar el conflicto armado a través de negociaciones con todos los grupos ilegales, bajo el concepto de “paz total”. No obstante, los hechos recientes parecen esfumar esa esperanza. The Economist menciona el atentado contra el senador Miguel Uribe —crítico del gobierno— ocurrido el 7 de junio en Bogotá, así como masacres perpetradas por grupos armados en Cali y zonas rurales.
Un líder social del Catatumbo citado por la revista resume la decepción: “Hicimos muchos sacrificios para que Petro pudiera ser presidente. Ahora temo que todo haya sido en vano”. Este mismo líder, víctima del desplazamiento forzado en enero, encarna el desencanto de quienes apostaron por el proyecto de Petro como una vía de paz.
En cuanto al manejo político, The Economist subraya la inestabilidad dentro del gobierno: más de 50 ministros han pasado por el gabinete en menos de dos años. A ello se suma la retórica beligerante del presidente en redes sociales, donde ha llegado a comparar a sus críticos con nazis o esclavistas. Las denuncias de su exministro de Relaciones Exteriores —quien lo acusó de consumo de drogas, algo que Petro niega rotundamente— solo han contribuido a erosionar su imagen.
El punto más polémico abordado por The Economist es el anuncio de Petro, el pasado 20 de junio, de incluir una consulta sobre una posible asamblea constituyente durante las elecciones generales de 2026. Aunque la Constitución de 1991 ha sido reformada por gobiernos anteriores, lo que propone el actual presidente es una reescritura sin claridad sobre sus alcances ni limitaciones.
La revista británica considera que esta iniciativa representa “una idea peligrosa”, y sostiene que Petro podría intentar introducir por vía constitucional lo que no ha podido lograr mediante el Congreso. Con una aprobación popular que ronda apenas el 30 %, sin opción de reelección ni sucesor político claro, el presidente parece apostar a un respaldo popular directo que legitime su legado.
