Será el último chance. La célebre Comisión Séptima del Senado, donde el Gobierno de Gustavo Petro ha tramitado sus mayores apuestas legislativas, nuevamente concentrará la atención mediática y esta semana estará en los reflectores de la opinión pública. ¿La razón?
A partir de este martes, esa célula legislativa –donde ya se han discutido las reformas laboral o pensional–, comenzará el debate de la siempre controvertida reforma a la salud en su tercer debate. Es el último envión para uno de los proyectos del corazón del petrismo. Sin embargo, el panorama no deja de lucir empantanado.
Si bien estaba previsto que la semana pasada arrancara en ciernes la discusión después de semanas de espera, no hubo acuerdos y sobre la mesa hoy solo hay una ponencia positiva –un documento que avala sin más el contenido del proyecto del Gobierno– y otra negativa –que lo elimina de tajo y rechaza la iniciativa–.
En el entretanto, a la espera de mayorías, sigue sin ser radicada una ponencia alternativa que recogería puntos medios alrededor de la reforma. Esa ponencia –un documento en el que un grupo de congresistas da sus conclusiones sobre el proyecto como punto de partida de la discusión–, hoy podría reunir mayorías.
Las fuerzas aún no están decantadas. De los 14 senadores de la Comisión, cinco –tres del Pacto Histórico, uno de Comunes y otro de la Alianza Verde–, están jugados a favor del proyecto. Es decir, deben convencer a otros tres para tener mayorías. En contraste, hoy en oposición están los dos senadores del Centro Democrático, quienes radicaron ponencia negativa. Ello implica que quedan siete votos en juego para convencer a uno u otro sector. (Ver gráfico)
Justamente, alrededor de esos siete votos independientes –de los conservadores, La U, ASI, liberales y cristianos–, se está congregando la ponencia alternativa. “La idea no es hundirla, es lograr un punto medio. Hay que ver qué tanto está dispuesto a ceder el Gobierno”, explicó un congresista que accedió a hablar bajo el anonimato.
“Es una ponencia muy delicada. No la hemos radicado. Está aún en revisión”, aseguró a EL COLOMBIANO la senadora Norma Hurtado (La U), quien sostuvo que el gran interrogante es el costo del proyecto, un asunto que –coinciden los congresistas consultados– sigue en veremos. Las dudas frente al impacto fiscal de la reforma y la fuente de financiación son el gran pendiente que tiene frenada la radicación, que debe estar lista a más tardar este lunes.
De acuerdo con los congresistas, durante más de dos años, el Gobierno ha realizado cuentas alegres alrededor del proyecto y cada tanto ha cambiado los montos de su financiación e implementación. De hecho, hay quienes reclaman que el costo de los $109,9 billones que costaría su implementación durante el primer año hoy por hoy está atado a que en el Congreso prospere la reforma tributaria.
Visiones en contra
En la ponencia positiva, que abarca 82 artículos, los senadores oficialistas apuestan por un sistema de salud con enfoque público y basado en el aseguramiento social, la atención primaria y la organización de instancias para la gobernanza y rectoría del sistema.
El Estado hará las veces de articulador de instituciones prestadoras de servicios de salud e intensificaría sus labores de inspección, vigilancia y control. Ademas, las célebres EPS se transformarán en Gestoras de Salud y Vida.
“El proyecto no elimina el principio de elección. Lo reconfigura en un nuevo modelo institucional en el que la adscripción del usuario se realizará territorialmente y bajo criterios de cercanía, capacidad instalada y calidad de la atención”, explica la ponencia, en la que se insiste que el proyecto establece un sistema con rectoría pública reforzada, “sin excluir la participación de prestadores privados ni impedir la articulación público-privada en la prestación y en la gestión operativa del sistema”.
Sin embargo, otra es la lectura en la ponencia negativa. Allí se advierte, entre otras, que dentro de los nuevos usos de los recursos se encuentra la financiación de los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud) que, al asumir funciones adicionales a la prestación de servicios, “requerirán inexorablemente gastos adicionales que no sustituyen a los actuales”.
La conclusión es demoledora: “Una reforma que de entrada tiene déficit, no tiene fuentes de financiación claras y explícitas y terminará generando más pobreza en la población, si para implementarla es necesario otra tributaria, no es admisible, no es viable, es nuestro deber moral, ético, jurídico y político, votar negativamente”.
Por ello, en búsqueda de un modelo mixto emerge la ponencia alternativa, que, aunque sigue siendo incierta, no apostaría por un modelo 100 % estatal, insistiría en la transformación de EPS en Gestoras, sumado a que se mantenga el giro directo de recursos a hospitales.
La senadora Ana Paola Agudelo, del MIRA, le aseguró a este diario que uno de los puntos en los que buscarán consenso es que se refuerce el sistema de auditorías en todos los niveles. “No pueden ser aleatorias ni reducidas. Deben ser ampliar para evitar la corrupción y hacerle seguimiento a la situación”.
A ello se suma la administración del paciente para que en el segundo nivel de atención no dependan de las Gestoras y que los gobiernos locales no concentren las capacidades locales.
Discusión polémica
Ante las demoras frente al inicio del debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reclamó que fue en la misma Comisión Séptima donde se hundió “burdamente y de forma rápida” la reforma laboral sin supuestamente permitir su discusión. Por ello, pidió que el debate se dé con garantías. “No quieren que haya una salud digna para los colombianos”, dijo.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Pinto, el presidente de la Comisión, negó que se esté dilatando el proyecto e indicó que “el debate va a ser abierto. Nadie va a dilatar. No nos vamos a esconder. Hemos estudiado esa reforma, la conocemos y estamos listos para dar el debate el tiempo que dure en el Congreso”.
Hoy debe quedar radicada la ponencia alternativa y ello marcará el derrotero de la discusión. Sin embargo, ante las reservas frente al futuro del proyecto, hay quienes no descartan que –tal como ocurrió con la reforma laboral–, el proyecto termine aterrizando en otra discusión ante un eventual hundimiento y su correspondiente apelación.
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