Durante cuatro horas, la fiscal delegada María Cristina Patiño expuso ante el Tribunal Superior de Bogotá los argumentos por los cuales, a su juicio, el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, debe ser enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con la Fiscalía, González haría parte de una “organización criminal” que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública —expedidas por el propio Gobierno— para direccionar millonarios contratos a cambio de sobornos. Parte de esas coimas, según los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, habrían sido entregadas a congresistas con el fin de garantizar la aprobación de proyectos clave del Ejecutivo en el Congreso.
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La Fiscalía sostiene que González dio órdenes directas para ejecutar estos pagos, lo que lo ubica en el centro de la trama de corrupción. En ese sentido, la delegada del ente acusador pidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El exfuncionario, sin embargo, no se encuentra en Colombia. Según la Fiscalía, durante las diligencias judiciales se logró rastrear una conexión virtual desde Managua, Nicaragua, lo que ha alimentado las sospechas de que González podría haberse refugiado allí mientras enfrenta el proceso penal.
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Aunque se esperaba que el Tribunal resolviera este viernes la solicitud de medida de aseguramiento, el magistrado a cargo aplazó su decisión para el próximo 17 de junio a las 9:00 de la mañana.
Carlos Ramón González, quien ha sido uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, fue imputado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, cargos que negó durante la audiencia.
