En 1987, María Bergenet Rubio Gómez fue una de las integrantes de un grupo de al menos seis familias que llegó a la vereda Casanova, del municipio de Turbo, para comenzar una nueva vida.
Mientras la violencia del conflicto estaba en pleno auge, aquellas personas se tomaron un predio de 24 hectáreas, que, según aparece en los testimonios compilados en una resolución de la Unidad de Restitución de Tierras, llevaba más de dos décadas abandonado.
Su cónyuge Huber Antonio Quintero Román, líder regional del partido político Unión Patriótica, el 24 de agosto de 1993, cuando caminaba por una calle ubicada a menos de 200 metros de su casa, se convirtió en el segundo líder de esa organización en ser asesinado por los paramilitares, tal y como quedó confirmado en la resolución mencionada.
“Para ese tiempo, cuando la violencia se recrudeció, empezamos a ser estigmatizados. Decían que éramos guerrilleros y nos amenazaban. Yo me acostaba por la noche y cuando se oían los disparos le preguntaba a Dios si amaneceríamos vivos”, recuerda Rubio, quien se hizo cargo de la crianza de sus cuatro hijos.
Casi tres décadas después, el terreno que alguna vez habitó la familia Quintero se convirtió en parte de un lío judicial y administrativo que frenó la construcción de una de las terminales marítimas más importantes del país.
Sin embargo, el pasado 27 de abril, María Bergenet fue una de los seis reclamantes de tierra que quiso hacer historia con un precedente de conciliación entre víctimas del conflicto armado y el sector privado.
La meta, destrabar el desarrollo de Puerto Pisisí y generar las condiciones para que una de las zonas más afectadas por la violencia en Antioquia participe de la derrama económica que traería la futura terminal, que tendrá una inversión cercana a los 660 millones de dólares.
Las claves del lío
Para entender en qué consiste el acuerdo, hay que remontarse a la década del 90, cuando, al igual que Rubio, al menos seis familias fueron víctimas de homicidios, violencia sexual y desplazamiento forzado a causa de grupos paramilitares.
Según la Unidad de Restitución de Tierras, además de Quintero, otros dos líderes de la Unión Patriótica fueron asesinados durante esa década. El primero, Candelario Pérez de la Rosa, en 1990; y el segundo, Luis Eduardo Cubides, el 16 de febrero de 1996.
De acuerdo con los testimonios de las familias, tras el asesinato de esos tres líderes políticos, el miedo y las amenazas los llevaron a abandonar sus tierras.
Al llegar la década del 2000, al menos seis de esos hogares comenzaron a vender sus terrenos. En el caso de Rubio Gómez, señala, esa decisión tuvo que tomarla en 2003.
“Ese año llegó un señor a la casa y preguntó si queríamos vender las tierras”, recuerda y agrega que durante los diez años siguientes al asesinato de su esposo, el asecho de los grupos armados se fue haciendo más intenso, principalmente sobre su familia.
“A mi hijo menor lo iban a reclutar los paramilitares y a mis hijos mayores los amenazaban”, dice, explicando que fue motivada por el miedo a una tragedia y un consejo de su madre que decidió vender por cualquier precio la tierra a la que había llegado en 1987.
“Vendí todo el proyecto de vida de la familia, que fue la casa, unos potreros alambrados, pasto y cuatro represas. Cuando uno como víctima malvende se empobrece muchísimo”, advierte y asegura que, al igual que otras familias, al final ni siquiera recibió el dinero completo.
Luego de la aprobación de la Ley de Víctimas en 2011, Rubio y otras cinco familias de la vereda Casanova decidieron acercarse a la Unidad de Restitución de Tierras para dar su testimonio. Así comenzó un largo proceso que terminó entrando en tensión con el proyecto de Puerto Pisisí.
Un puerto varado
Gerardo Vega Medina, presidente de la Fundación Forjando Futuros, que asesora legalmente a víctimas del conflicto armado, explica que, luego de aproximadamente tres años de tener sus procesos estancados, las familias reclamantes se acercaron a esa organización en busca de ayuda.
“Al principio hubo una oposición de parte de unas personas en Turbo, que decían que esas familias no eran víctimas. Pero en diciembre de 2020, la Unidad de Restitución emitió una resolución en la que estableció que esas eran tierras despojadas”, explica Vega Medina.
Vale recordar que el inicio de esas reclamaciones generó un conflicto administrativo que complicó la construcción de Puerto Pisisí.
Desde el 20 de noviembre de 2015, la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí S.A. había solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una concesión para construir una terminal de carga en un tramo de la bahía de Turbo.
Ubicado en un área de 39 hectáreas, y a tan solo una distancia de 296 millas náuticas de Panamá, 222 de Cartagena, 373 kilómetros de Medellín y 755 kilómetros de Bogotá, el puerto se proyecta como la terminal más cercana del Caribe colombiano al centro del país, con una ubicación estratégica para el comercio internacional.
Aunque el 20 de diciembre de 2018 la ANI otorgó la concesión solicitada, en su resolución incluyó un predio que, según Pisisí, no hacía parte de sus terrenos.
Por esta razón, el 15 de noviembre de 2019 la sociedad portuaria solicitó a la entidad revocar esa resolución y emitir una nueva, argumentando que la inclusión de ese terreno, identificado con matrícula inmobiliaria 034-72370, había sido un error.
No obstante, tras revocar la concesión, la ANI decidió no otorgar una nueva, argumentando que, de acuerdo con los registros de la Unidad de Restitución de Tierras, eran al menos cinco los predios que aparecían dentro del proyecto que estaban siendo reclamados. Aunque desde entonces Pisisí argumenta que obtuvo esos predios en calidad de buena fe y cuestiona que hagan parte del listado de tierras despojadas, la ANI se mantuvo en que hasta no resolverse la situación jurídica no volvería a otorgar la concesión.
El acuerdo
Según detalla Vega Medina, luego de que la Unidad de Tierras emitiera la resolución en donde reconoció la condición de víctimas de los reclamantes (31 de diciembre de 2020), ambas partes comenzaron acercamientos.
Luego de meses de conversaciones, en abril de este año llegaron a un punto medio, en el que hicieron concesiones mutuas.
Mientras la empresa reconoció formalmente la condición de víctimas de los reclamantes y prometió no constituirse como opositor en el proceso judicial, las víctimas reconocieron que la empresa no es la responsable de lo ocurrido con sus tierras.
Según explica Vega, otra de las decisiones fue que las familias prometieron que durante el proceso no solicitarían una restitución material de sus antiguos predios, sino una compensación por parte del Estado, de tal forma que el proyecto tenga garantizado su futuro.
Por su parte, Pisisí se comprometió a comprar una tierra de hasta de 30 hectáreas para las familias reclamantes, una vivienda para cada una y financiar la creación de una empresa asociativa para las víctimas, que vinculará hasta el 30 % de los empleos que requiera el futuro puerto.
“Lo que hay es un entendimiento de la relevancia del proyecto para el desarrollo de la región. Ellos seguirán con su proceso jurídico y nosotros trabajamos para dar cobertura a su condición de víctimas”, expresa José María Díaz Pernas, director general de Transitia RC, futura operadora del terminal portuario Pisisí.
Según señala María Bergenet Rubio, uno de los principales logros del acuerdo es que la empresa haya reconocido su condición como víctima. Un hecho que, asegura, contribuye a respetar y dignificar su historia, para mirar al futuro con mayor esperanza.
“Siento que se nos pueden abrir puertas para que mis hijos tengan un empleo. Esto debe saberse, que sí se puede trabajar entre víctimas y empresarios para ver si algún día encontramos la paz”, concluye Rubio Gómez
