El mayor general (r) Juan Pablo Forero y los tenientes coroneles (r) Jairo Bocanegra De La Torre y Édgar Emilio Ávila Doria se negaron a reconocer su responsabilidad en decenas de asesinatos bajo su mando, a pesar de la evidencia y de que no entregaron pruebas que las desvirtuaran.
A la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP se le agotó la paciencia con tres altos oficiales en retiro que se negaron a reconocer su participación en ejecuciones extrajudiciales cometidos en Antioquia, y ahora deberán enfrentarse a otra sala en la que enfrentan una posible pena de hasta 20 años de cárcel.
Así lo dio a conocer el alto tribunal, que precisó que el mayor general (r) Juan Pablo Forero y los tenientes coroneles (r) Jairo Bocanegra De La Torre y Édgar Emilio Ávila Doria, antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, se negaron a reconocer su responsabilidad en la política de facto de “conteo de cuerpos” que implementaron como comandantes en sus respectivos batallones, pese a la evidencia que demostró los riesgos probados y conocidos que esta política representó para la población civil, por lo que la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió remitirlos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
La JEP estableció que los tres oficiales contribuyeron a la configuración del patrón macrocriminal en el que al menos 434 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Entre ellas se registraron 203 víctimas de desaparición forzada y 41 de tortura en 22 hechos, perpetrados por integrantes de los seis batallones adscritos a la IV Brigada del Ejército Nacional entre 2004 y 2007, cuya investigación fue priorizada.
La UIA —que actúa como la fiscalía de la JEP— asumirá ahora la investigación y deberá decidir si los acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal para la Paz, donde el caso seguirá por vía adversarial. En caso de ser hallados culpables, los tres oficiales se podrían enfrentar a penas de hasta 20 años de cárcel.
La decisión fue adoptada en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. En esta investigación, en febrero de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales de la IV Brigada del Ejército Nacional —entre ellos el mayor general (r) y los dos tenientes coroneles (r) remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)—, además de dos civiles. Esta decisión se sumó a la adoptada en agosto de 2023, cuando la sala imputó a nueve máximos responsables vinculados con el mismo patrón macrocriminal, pero por hechos ocurridos entre 2002 y 2003, entre ellos el entonces comandante de la IV Brigada, general (r) Mario Montoya Uribe.
De los 50 comparecientes imputados por hechos ocurridos entre 2002 y 2007, 42 reconocieron su responsabilidad y se preparan para la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, que se realizará de manera conjunta en Medellín y el Oriente antioqueño, donde rendirán cuentas ante la justicia, las víctimas y el país.
En cambio, los tres oficiales que no reconocieron su responsabilidad fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), luego de rechazar la imputación por liderar e impulsar la política de facto del “conteo de cuerpos” en la jurisdicción bajo su mando entre 2004 y 2007, política que según la JEP dio origen al patrón criminal determinado por este alto tribunal en Antioquia.
Los que ahora se enfrentan a la fiscalía de la JEP comandaban dos de las seis unidades militares priorizadas durante la investigación. Su participación, de acuerdo con el alto tribunal, resultó esencial para la consolidación de las modalidades criminales por varias razones. Primero, porque presionaron a sus subordinados para aumentar el reporte de muertos en combate a como diera lugar. Segundo, porque desestimaron el valor de otros resultados operacionales distintos a las bajas; otorgaron incentivos positivos y negativos para fomentar el reporte de muertes; y tercero, porque adoptaron una actitud permisiva frente a las irregularidades, sin tomar medidas frente a los responsables.
El mayor general (r) Juan Pablo Forero Tascón, quien negó su responsabilidad, estuvo al mando del Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR) entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2005. Durante su comandancia se cometieron 16 hechos que dejaron 26 víctimas asesinadas que fueron presentadas ilegítimamente como dadas de baja en combate.
Ni Forero Tascón ni el teniente coronel (r) Jairo Bocanegra de la Torre —quien también negó su responsabilidad y estuvo al mando del Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP) entre el 3 de diciembre de 2003 y el 16 de diciembre de 2005— aportaron pruebas ni argumentos fácticos o jurídicos que permitieran desvirtuar la imputación de responsabilidad penal individual formulada por la sala. El último está vinculado a 16 hechos, con 18 víctimas, de las cuales cuatro fueron desaparecidas forzadamente.
Finalmente, el teniente coronel (r) Édgar Emilio Ávila Doria, quien también asumió el mando del BIOSP, pero entre el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de junio de 2007, fue remitido a la UIA tras no haber respondido a los cargos imputados en su contra dentro de los términos otorgados. Durante su periodo de mando se documentaron 36 hechos, que dejaron 65 víctimas asesinadas, de las cuales 26 fueron desaparecidas forzadamente.
Hay que recodar que por este subcaso, el proceso del general (r) Mario Montoya Uribe ya había sido remitido a la UIA, tras decidir no reconocer su responsabilidad en la consolidación del patrón macrocriminal en el que se inscriben al menos 118 asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003, mientras se desempeñaba como comandante de la IV Brigada. Actualmente, el alto oficial permanece bajo investigación de la JEP en la fase nacional del Caso 03, por hechos ocurridos durante su gestión como comandante del Ejército Nacional.
Otro de los procesos ya remitidos es el del coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero, quien también negó su responsabilidad en el patrón macrocriminal en el que se inscriben al menos 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en esa misma región y periodo, mientras comandaba el Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez’ (BAJES).
La evidencia judicial que expuso la JEP señaló que a través de órdenes, directrices, lineamientos y mensajes cotidianos transmitidos diariamente por radio a las tropas, se condicionó la conducta criminal de sus subalternos y se favoreció la consolidación de asociaciones ilícitas dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando. El objetivo de la política fue reportar la mayor cantidad posible de supuestas bajas “en combate”, privilegiando los muertos como único indicador real del éxito militar y desestimando las capturas, consideradas resultados problemáticos que no contribuían a la victoria.
Antioquia concentró el 25,19 % de todas las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate a nivel nacional. En ese contexto, la IV Brigada fue responsable del 73 % de los casos ocurridos en el departamento entre 2000 y 2013. El periodo de mayor victimización se dio entre 2002 y 2007 —precisamente el lapso priorizado por la JEP en este subcaso—, con especial intensidad en los años 2003, 2004 y 2005, cuando esta unidad militar concentró el mayor número de víctimas registradas.
La magistratura documentó estos hechos a partir de la contrastación de múltiples fuentes: 145 versiones voluntarias de antiguos integrantes de la IV Brigada, documentos operacionales, registros de programas radiales y hojas de vida oficiales. Con base en ese acervo probatorio, la JEP estableció que los mandos militares instauraron una política de presión sistemática enfocada en la producción de bajas, promoviendo la competencia entre unidades a través de conteos públicos de bajas y un sistema de incentivos y sanciones que premiaba el número de muertes reportadas y castigaba su ausencia.
En total, en el marco del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha imputado a 179 máximos responsables. De ellos, 173 son antiguos integrantes del Ejército Nacional: 85 han reconocido su responsabilidad en seis audiencias públicas realizadas en Ocaña, Valledupar, Dabeiba, Medellín, Neiva y Yopal; y 67 se preparan para hacerlo en audiencia, 42 de ellos en Antioquia.
En cuanto a los 21 comparecientes que han sido remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), cinco ya fueron acusados formalmente ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. El primer juicio adversarial, correspondiente al caso del coronel (r) Publio Hernán Mejía, ya concluyó, y el país está a la espera de que la JEP dicte la primera sentencia en el marco de este tipo de juicio.
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