La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reveló nuevos detalles sobre las dificultades y presiones que enfrentó durante su gestión al tratar de implementar los protocolos de control en las cárceles del país, especialmente en el contexto de la política de “paz total” promovida por el gobierno de Gustavo Petro.
En ese contexto, Buitrago contó en Semana que en una visita realizada en abril del año pasado a un centro de reclusión en Acacías, Meta, cuando ella era ministra, le expresó directamente al presidente Petro sus preocupaciones sobre las presiones externas para impedir procedimientos carcelarios.
Entre las observaciones hechas estaba irregularidades en la prisión de Itaguí, donde justamente el pasado 8 de abril se registró una fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez y los jefes de las bandas del Valle de Aburrá.
“Se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó a la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver. De todos modos, tuvimos una conversación muy tangencial en abril cuando fuimos a un centro de reclusión en Acacías y allí le mencioné ese tema, pero desde ese punto de vista yo salgo en mayo, paso la renuncia y una de las causas era esa”, señaló Buitrago.
Explicó que uno de los motivos de su renuncia al cargo fue precisamente la imposibilidad de ejercer su función debido a estas presiones políticas y la intervención indebida en el manejo de los centros penitenciarios.
La exministra Buitrago detalló que, durante su mandato, los operativos en las cárceles, especialmente en las de Itagüí, se vieron saboteados por la constante interferencia de actores políticos, como Isabel Zuleta. La senadora ha dicho que “buscaban proteger” a los líderes de las bandas criminales que supuestamente participaban en el proceso de “paz urbana”.
La exfiscal, que en 2005 lideró la investigación de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, aseguró que todo lo que vivió durante su gestión fue debidamente documentado y entregado a las autoridades correspondientes, es decir Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema de Justicia, para que se adelanten las investigaciones necesarias sobre las irregularidades que denunció.
La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en diálogo con EL COLOMBIANO, denunció amenazas y presiones de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien cuestionó los operativos en la cárcel de Itagüí en medio de la polémica por presuntos privilegios a personas privadas de la libertad.
La denuncia, que ya cursa en la Corte Suprema, incluye conversaciones reveladas por Buitrago en las que la congresista pone en duda sus decisiones durante esos operativos, en un contexto marcado por tensiones alrededor de la llamada “paz urbana”.
En ese marco, Noticias RCN reveló dos mensajes enviados por Zuleta a la entonces ministra, en medio de sus funciones el año pasado. En uno de ellos, la senadora le escribió: “Buen día ministra. Este fue el pronunciamiento del señor presidente ayer. Hoy me dicen que hay un super operativo en la cárcel que él menciona, ¿le parece eso a usted coherente? Pudo ser cualquier otro día, pero, ¿justo después de que el presidente la nombra? (sic)”.
El malestar de la congresista no se detuvo ahí. En otro mensaje insistió: “Ministra, esto parece un saboteo al proceso de paz de Medellín, un operativo en rechazo al espacio de diálogo socio jurídico. Se lo digo con todo respeto. Le reitero: pudo ser cualquier otro día, pero el presidente de este país reconoció los avances ayer. El mensaje para los PL y para la delegación del Gobierno que recibimos por parte suya es ese. Sabemos que usted no cree en los procesos de paz, pero es decisión del presidente, no suya”.
La senadora Zuleta respondió a las acusaciones de la exministra Buitrago, negando irregularidades y defendiendo su papel en la “paz urbana”. Aseguró que los chats no prueban ninguna conducta indebida y que su interlocución con Buitrago hacía parte de sus funciones oficiales, sin presiones ni actuaciones fuera de la ley. También criticó a la exministra por “atacar públicamente el proceso” tras dejar el cargo y la acusó de oportunismo político.
La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reveló nuevos detalles sobre las dificultades y presiones que enfrentó durante su gestión al tratar de implementar los protocolos de control en las cárceles del país, especialmente en el contexto de la política de “paz total” promovida por el gobierno de Gustavo Petro.
En ese contexto, Buitrago contó en Semana que en una visita realizada en abril del año pasado a un centro de reclusión en Acacías, Meta, cuando ella era ministra, le expresó directamente al presidente Petro sus preocupaciones sobre las presiones externas para impedir procedimientos carcelarios.
Entre las observaciones hechas estaba irregularidades en la prisión de Itaguí, donde justamente el pasado 8 de abril se registró una fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez y los jefes de las bandas del Valle de Aburrá.
“Se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó a la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver. De todos modos, tuvimos una conversación muy tangencial en abril cuando fuimos a un centro de reclusión en Acacías y allí le mencioné ese tema, pero desde ese punto de vista yo salgo en mayo, paso la renuncia y una de las causas era esa”, señaló Buitrago.
Explicó que uno de los motivos de su renuncia al cargo fue precisamente la imposibilidad de ejercer su función debido a estas presiones políticas y la intervención indebida en el manejo de los centros penitenciarios.
La exministra Buitrago detalló que, durante su mandato, los operativos en las cárceles, especialmente en las de Itagüí, se vieron saboteados por la constante interferencia de actores políticos, como Isabel Zuleta. La senadora ha dicho que “buscaban proteger” a los líderes de las bandas criminales que supuestamente participaban en el proceso de “paz urbana”.
La exfiscal, que en 2005 lideró la investigación de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, aseguró que todo lo que vivió durante su gestión fue debidamente documentado y entregado a las autoridades correspondientes, es decir Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema de Justicia, para que se adelanten las investigaciones necesarias sobre las irregularidades que denunció.
Amenazas y chats
La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en diálogo con EL COLOMBIANO, denunció amenazas y presiones de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien cuestionó los operativos en la cárcel de Itagüí en medio de la polémica por presuntos privilegios a personas privadas de la libertad.
La denuncia, que ya cursa en la Corte Suprema, incluye conversaciones reveladas por Buitrago en las que la congresista pone en duda sus decisiones durante esos operativos, en un contexto marcado por tensiones alrededor de la llamada “paz urbana”.
En ese marco, Noticias RCN reveló dos mensajes enviados por Zuleta a la entonces ministra, en medio de sus funciones el año pasado. En uno de ellos, la senadora le escribió: “Buen día ministra. Este fue el pronunciamiento del señor presidente ayer. Hoy me dicen que hay un super operativo en la cárcel que él menciona, ¿le parece eso a usted coherente? Pudo ser cualquier otro día, pero, ¿justo después de que el presidente la nombra? (sic)”.
El malestar de la congresista no se detuvo ahí. En otro mensaje insistió: “Ministra, esto parece un saboteo al proceso de paz de Medellín, un operativo en rechazo al espacio de diálogo socio jurídico. Se lo digo con todo respeto. Le reitero: pudo ser cualquier otro día, pero el presidente de este país reconoció los avances ayer. El mensaje para los PL y para la delegación del Gobierno que recibimos por parte suya es ese. Sabemos que usted no cree en los procesos de paz, pero es decisión del presidente, no suya”.
La senadora Zuleta respondió a las acusaciones de la exministra Buitrago, negando irregularidades y defendiendo su papel en la “paz urbana”. Aseguró que los chats no prueban ninguna conducta indebida y que su interlocución con Buitrago hacía parte de sus funciones oficiales, sin presiones ni actuaciones fuera de la ley. También criticó a la exministra por “atacar públicamente el proceso” tras dejar el cargo y la acusó de oportunismo político.
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ANEXO: LAS INDAGACIONES EN LA CORTE
La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en la mesa de paz urbana con bandas de Medellín, enfrenta actualmente cuatro indagaciones en la Corte Suprema de Justicia. Según confirmó el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de ese alto tribunal, los procesos están en etapa preliminar y deberán avanzar antes de que la Sala tome decisiones.
Las investigaciones se centran en un incidente en la cárcel La Picota, relacionado con un allanamiento que ella habría liderado sin autorización judicial, donde se incautó un arma vinculada a alias ‘Pipe Tuluá’; presuntas presiones y amenazas a la exministra Buitrago; por el llamado ‘tarimazo’ en Medellín y el “parrandón” en la cárcel de Itagüí por posibles vínculos entre ese evento y la mesa de diálogo sociojurídica que ella coordina.
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