Durante la audiencia de pérdida de investidura celebrada este lunes en el Consejo de Estado, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, se lavó las manos y responsabilizó al Inpec del polémico traslado de los voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá que participaron en un evento público con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025 en Medellín.
Luego de ser señalada de haberse aprovechado de su investidura y su influencia en el Gobierno Nacional para la realización de ese evento, la parlamentaria aseguró ahora que su papel se habría limitado supuestamente a una simple solicitud escrita, dejando la responsabilidad operativa y legal del traslado en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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Sus argumentos revivieron la polémica por dicho evento, ya que para muchos se trataría de una “burla a la justicia” y a la “inteligencia” de quienes lo han cuestionado.
El proceso judicial, que busca la sanción de la congresista, unificó las demandas de los abogados William Francisco Quintero Villarreal y Jhon Ernesto Pérez Becerra por la posible comisión del delito de tráfico de influencias, pues estos consideran que Zuleta se aprovechó de su condición de parlamentaria para presionar a funcionarios del Inpec para aprobar estos traslados.
En la diligencia, la senadora insistió en que sus actuaciones estuvieron amparadas por su designación como coordinadora de la mesa de paz urbana y no por su investidura legislativa.
“Yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie, hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente”, afirmó Zuleta ante los magistrados.
En su intervención, dijo que las autoridades penitenciarias tendrían autonomía total en este tipo de decisiones: “quien designa los centros de reclusión en este país es el Inpec” y justificó el evento señalando la necesidad de que la ciudadanía conociera los avances del proceso de paz.
Su abogado, Jaime Jurado Alvarán, aseguró que no hubo provecho ilícito, que se actuó bajo las facultades otorgadas por el jefe de Estado y que el Inpec es la entidad facultada legalmente para los traslados y permisos.
La Procuraduría respaldó a Zuleta
El Ministerio Público, representado por el procurador delegado Carlos José Holguín Molina, solicitó a la sala negar la pérdida de investidura. Según la Procuraduría, no se habrían configurado los elementos objetivos del tráfico de influencias, ya que, en su concepto, Zuleta no invocó su calidad de senadora para ejercer un “influjo psíquico” sobre el Inpec, sino su rol como coordinadora del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos.
Además, el procurador desestimó que existiera un beneficio económico o una dádiva comprobada, y argumentó que la Resolución 452 de 2024, por la cual se designan representantes del Gobierno Nacional para esos diálogos, le habría otorgado facultades amplias a la coordinadora para realizar los actos necesarios para entablar las conversaciones de paz, por lo que no se evidenciaría una violación taxativa de las normas.
Los argumentos en contra
Por su parte, los demandantes sostuvieron que la senadora sí incurrió en tráfico de influencias y violación al régimen de incompatibilidades.
El abogado Quintero aseveró, por ejemplo, que Zuleta abusó de su poder como congresista del partido de gobierno para convencer al director del Inpec de ordenar el traslado de internos a un acto político.
“No se trata de un tráfico de aves silvestres, sino de la injerencia indebida ante un ente administrativo sin tener facultad para ello”, enfatizó el demandante.
A su turno, el abogado Pérez argumentó que la Constitución prohíbe categóricamente a los congresistas gestionar asuntos ante entidades públicas. Para el jurista, una designación administrativa del Ejecutivo como coordinadora no tendría el poder de “suspender, relativizar o neutralizar un mandato superior de rango constitucional”.
Para el concejal de Medellín, Andrés Tobón, “los argumentos de la defensa de Zuleta, sustentados en su supuesta buena fe, por un lado, y en que solo actuó como solicitante y que la salida de los criminales no dependía de ella, por otro, son un insulto a la inteligencia de los colombianos y una burla absoluta a la justicia”.
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Tobón, quien denunció a la congresista ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de usurpación de función pública, criticó severamente el intento de la senadora de evadir su responsabilidad institucional.
“La artífice de la salida ilegal de los cabecillas de estructuras criminales ahora se lava las manos y pone en aprietos a los funcionarios del gobierno que le hicieron caso”, dijo el cabildante distrital. Además, advirtió sobre el futuro del caso: “Aunque ya en este punto parece difícil que pierda su investidura, no podemos perder la fe de cara a una posible responsabilidad penal que hoy investiga la Corte Suprema de Justicia”.
El recuento del “tarimazo”
El escándalo que originó este proceso disciplinario y penal se remonta al sábado 21 de junio de 2025. Ese día, el presidente Gustavo Petro organizó un evento en la plaza de La Alpujarra en Medellín para celebrar la aprobación de la reforma laboral y relanzar el proceso de paz urbana.
La polémica estalló cuando se hizo evidente que, en primera fila y compartiendo el escenario con el jefe de Estado, se encontraban varios de los más peligrosos cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá, trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí.
Entre los capos asistentes figuraban José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, junto a otros líderes condenados.
El traslado de estos delincuentes de alto perfil se concretó gracias a la Resolución 0058 del Inpec, emitida el 19 de junio, la cual fue motivada por un oficio enviado directamente por la senadora Isabel Zuleta.
La imagen de los capos en La Alpujarra desató un rechazo generalizado. El alcalde Federico Gutiérrez calificó el hecho como una “amenaza directa”, sentenciando: “Petro nos pone la lápida (...) Mientras yo los combato, él los premia”. En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, describió el acto como una “afrenta” y una humillación para las víctimas y la Fuerza Pública.
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A raíz de este episodio, se desencadenó una avalancha de acciones legales. Además de las demandas de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, el concejal Tobón interpuso la mencionada denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia alegando que Zuleta carecía de competencia legal para tramitar salidas carcelarias. Paralelamente, el concejal Alejandro de Bedout llevó el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual recientemente se declaró incompetente para investigar a la senadora y compulsó copias a la Corte Suprema para que determine si abre una investigación formal en su contra.
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