Defensores de derechos humanos manifestaron su rechazo a la afectación que habrían sufrido campesinos de Amalfi tras los bombardeos de la Fuerza Pública que dieron como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de organizaciones criminales en los últimos días.
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Según lo registró EL COLOMBIANO en su momento, el pasado sábado, 11 de julio, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) había bombardeado posiciones estratégicas del Clan del Golfo en la zona rural de ese municipio del nordeste antioqueño.
La acción, acompañada en tierra por unidades adscritas a la Séptima División del Ejército, apuntó directamente contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, facción que opera bajo las órdenes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y en la que por lo menos dos integrantes de esa agrupación habrían fallecido.
Ese golpe tenía especial relevancia, pues apenas unos días antes el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le había pedido al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que endureciera la política de seguridad, especialmente en esta parte del país, ampliando la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía.
Solo que en las últimas horas se conocieron testimonios de campesinos que dijeron haber resultado afectados por el operativo. En particular, un habitante le informó a la ONG de derechos humanos Fundación Sumapaz que en los sucesos habrían matado 16 reses de su propiedad y aportó videos acerca de su tragedia.
En las imágenes aparecen los restos de las vacas mutiladas e iniciando su descomposición a campo abierto.
No obstante, en Blu Radio apareció también un habitante, aparentemente el mismo, asegurando que los semovientes que perdió habrían ascendido a 43.
Según quien dijo ser morador de la vereda Areiza, localizada a cuatro horas y media del casco urbano de Amalfi, la comunidad quedó en medio de la operación militar y añadió que por lo menos diez de sus reses, de raza Holstein y Brahman, estaban preñadas. Además, en promedio algunas producían de 10 a 12 litros de leche al día y él dependía de ahí para sobrevivir con su familia.
“Requiero ver qué solución me dan también con mi casa; resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada. Yo no sé de qué parte vino ni para quién era. En este momento, no sé qué camino, qué trabajo coger, porque yo con harto sacrificio me conseguí esos animales por ahí trabajando, jornaleando”, le dijo al medio de comunicación radial el afectado, quien habría tenido que salir de la zona.
Pero independiente de la discordancia en la cantidad, Sumapaz pidió que se haga claridad al respecto, pues los informes oficiales de la operación enviados por los comandos que estuvieron en campo hacia sus superiores en Bogotá no mencionarían las pérdidas de animales.
“Nos preocupa que en estas operaciones no haya transparencia y que se afecte a la población civil así. El Estado no puede renunciar a hacer presencia institucional en zonas del departamento, pero esta presencia tiene que estar enmarcada en la ley y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, es decir, que la población civil no puede recibir afectaciones por operaciones realizadas por la Fuerza Publica”, expresó Oscar Yesid Zapata, vocero de Sumapaz.
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Zapata recordó que la zona rural donde aconteció el bombardeo es un cinturón de movilidad de diversos grupos armados hacia municipios como Segovia, Remedios y el Bajo Cauca (que a su vez comunica con el sur de Bolívar) y que en los alrededores la única alternativa que han tenido las comunidades ante la ausencia del Estado es acatar la autoridad de esas organizaciones al margen de la ley.
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“Eso ya ha sido denunciado tanto por las organizaciones sociales como por la Defensoría del Pueblo a través de una alerta temprana de 2022, que da cuenta de que es un territorio focalizado como zona de alto riesgo para la población civil”, añadió el defensor de derechos humanos.
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