La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), denunció que mientras se desarrollaba una Misión Humanitaria en la vereda Mina Nueva, en el municipio de El Bagre, con presencia de Defensoría del Pueblo, se desató un combate entre ELN y Disidencias.
La confrontación ocurrió mientras la Acnur, la agencia de la ONU para los Refugiados, adelantaba actividades junto al Programa Mundial de Alimentos en la vereda El Socorro, epicentro del enfrentamiento armado. Durante los hechos, según la organización social, paramilitares del Clan del Golfo incendiaron una vivienda habitada por una familia campesina en la finca La Orqueta. El paradero de los integrantes de esta familia es desconocido.
Cahucopana recordó además que hace aproximadamente 15 días, en el mismo sector, fue asesinado un campesino identificado como Jaime de Jesús Martínez, evidenciando la grave situación de violencia y riesgo que enfrentan las comunidades campesinas.
Desde la Corporación hicieron un llamado urgente a las autoridades humanitarias nacionales e internacionales para activar mecanismos de protección y atención inmediata en el marco del #DIH y la Constitución Política de Colombia. “Exigimos el cese de las acciones armadas que vulneran los Derechos Humanos y la vida de las comunidades campesinas del Nordeste y el Valle del Río Cimitarra.
Hay que recordar que la población de esta zona, que hacen parte del corregimiento de Puerto López, en la frontera entre Bajo Cauca y Nordeste, están entre la espada y la pared, como en los peores tiempos del conflicto, pues tanto las disidencias como el Clan del Golfo los mantienen amenazados y a punta de contraórdenes han convertido su día a día en una zozobra.
A mediados de 2024 la Fundación Sumapaz denunció que varios comerciantes de este estratégico corregimiento fueron citados por los miembros del frente 4° de las Disidencias de las Farc –que junto al ELN operan allí– para darles a conocer ciertas directrices de esa organización para esta parte de la población civil. Así mismo, los terroristas habían ordenado que, hasta nueva orden, el comercio en Puerto López estaría cerrado.
Sin embargo, la sorpresa de los cerca de 8.000 habitantes de la zona fue mayor cuando, desde el frente Uldar Cardona del Clan del Golfo se dio la “contraorden” a los comerciantes de desobedecer la “invitación” de las disidencias y mantener el comercio abierto.
Es decir, que la población de Puerto López quedó en un sinsalida entre dos grupos ilegales a los que en dicho territorio desobedecerles sus órdenes es prácticamente una condena a muerte. Y esa no fue la única vez, según denuncias, dicha situación se ha vuelto frecuente.
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