Durante siete meses, la Policía Nacional realizó una investigación que permitió afectar un grupo de delincuencia organizada dedicado al multicrimen, específicamente al hurto de ciudadanos extranjeros y nacionales que arribaban al aeropuerto internacional José María Córdova.
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Como resultado de este trabajo articulado, las autoridades capturaron por orden judicial a tres hombres, conocidos como “Dani”, “Fríjol” y “Coco”.
Unidades del grupo contra atracos iniciaron la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que demostraron la participación de estas personas en al menos 42 casos de hurto bajo esta modalidad en diferentes zonas del Valle de Aburrá, así como el modus operandi que utilizaban para ejecutar las conductas delictivas.
El acervo probatorio fue recolectado a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, control de líneas telefónicas y reconocimientos fotográficos realizados por 18 de las víctimas. Esto permitió a la Fiscalía General de la Nación solicitar a un juez las órdenes de captura por el delito de hurto calificado y agravado.
Las capturas fueron materializadas mediante un operativo orientado a proteger el patrimonio económico de los ciudadanos, durante dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios Buenos Aires y Villa Hermosa, donde se hicieron efectivas las órdenes contra los tres hombres con edades entre los 20 y 29 años.
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Las autoridades informaron que en el procedimiento también fueron incautados:
Tres celulares, tres motocicletas, dos cadenas y dos pulseras de oro, cinco relojes de alta gama, entre ellos dos marca Rolex, dos cascos de motocicleta y más de $4.000.000 en efectivo.
Entre los elementos incautados se encuentran tres motocicletas, las cuales eran utilizadas en los hechos y tenían alterados la numeración de las placas para evadir los controles policiales.
También fueron hallados cascos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados por los delincuentes durante varios de los hurtos.
Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Posteriormente, un juez les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
