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La primera semana de diciembre en la plenaria del Senado, se llevó a cabo el debate de control político al Gobierno Petro, sobre la infiltración de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, en la Dirección Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General, las Fuerzas Militares y la Policía, según investigación revelada por Caracol Televisión. Un escándalo de dimensiones institucionales que debió derivar en renuncias inmediatas, remezón ministerial y anuncios contundentes para restaurar la confianza en el Estado. Pero sucedió todo lo contrario.
La senadora Paloma Valencia, como vocera del debate, presentó hechos, documentos, nombres, audios y fechas; expuso las conexiones entre Calarcá y altos funcionarios del Gobierno, y el General Miguel Huertas, suspendido por la Procuraduría General y apartado de su cargo en la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército. Además, detalló cómo las disidencias accedieron a códigos de frecuencias radiales del Ejército; describió reuniones de cabecillas con oficiales activos y retirados; explicó el rol de Wilmar Mejía, alias ‘El Chulo’, dentro de la DNI; y demostró cómo el aparato de seguridad del Estado fue vulnerado desde adentro.
Frente a semejante evidencia, la reacción del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue sorprendente y dolorosa. Molesto e irritado, afirmó que lo denunciado en el debate era una “falta de respeto con los Soldados y Policías”. Más allá de eso, no dio ninguna claridad sobre las graves denuncias.
No Ministro, lo que verdaderamente constituye una falta de respeto y una amenaza directa contra Soldados, Policías y toda la Nación, es permitir que un grupo armado ilegal, responsable de secuestros, extorsiones, asesinatos, narcotráfico, reclutamiento de menores y ataques terroristas, haya logrado infiltrar los más altos niveles de la inteligencia del Estado y a la propia Fuerza Pública.
Recordemos que el escándalo se originó por la información extraída de los dispositivos electrónicos incautados a Calarcá y otros delincuentes, en el registro a la caravana de la UNP en la que viajaban el 23 de julio de 2024 por vías de Antioquia. Tres de estos cabecillas fueron liberados inmediatamente por el Gobierno y la Fiscalía bajo el argumento de ser “gestores de paz”, pese a su captura en flagrancia con armas, dinero y un menor de edad reclutado.
El Ministro tampoco aclaró al país el acceso de las Farc a información reservada, ni las reuniones entre integrantes de este grupo criminal y oficiales activos de las Fuerzas Militares, mucho menos el rol del General Huertas en el plan para crear empresas de seguridad privada con el fin de legalizar armas y facilitar el desplazamiento de los criminales.
Todo esto mientras el Gobierno insistía en mantener negociaciones con un grupo que continuaba asesinando soldados, policías y firmantes de La Habana contrarios a Petro; quemando buses con uniformados dentro; atacando helicópteros de la Policía, como sucedió en Amalfi, donde asesinaron 13 héroes, y fortaleciendo su presencia en los Departamentos.
Cuando el país esperaba respuestas, Petro salió en defensa de los implicados y desestimando la investigación periodística, y el Ministro se victimizó y evadió las denuncias. Nuestra obligación es: firmeza hasta que respondan todos los implicados en estas alianzas criminales.
