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Colombia enfrenta una crisis fiscal que ya no admite paños de agua tibia. Las cifras son tan claras como preocupantes: el gasto del Gobierno se disparó, la eficiencia del Estado se deterioró y el país está pagando hoy las consecuencias de una administración que confundió responsabilidad fiscal con chequera abierta y rigor técnico con propaganda.
Desde hace meses, se viene alertando sobre un fenómeno que este Gobierno ha tratado de minimizar: el crecimiento explosivo de la burocracia. No se trata de interpretaciones ni de opiniones. Los números hablan solos.
Según estimaciones de Fedesarrollo, la expansión de la nómina estatal en 2025 costará $10 billones más que en 2024, un aumento del 28%. Este salto no tiene ningún correlato en eficiencia, en resultados ni en fortalecimiento institucional. Es simplemente más burocracia, más cargos, más contratos, más gasto corriente sin impacto real para la ciudadanía.
Lo más preocupante es que, en vez de corregir, el Gobierno decidió endeudar el futuro del país para sostener este modelo de gasto derrochón. La deuda pública alcanzó niveles que comprometen la inversión futura, la capacidad de maniobra del próximo gobierno y hasta la credibilidad internacional del país. Una investigación de La Silla Vacía muestra que, solo entre junio y octubre de este año, las maniobras de deuda de MinHacienda aumentaron en $80 billones el costo de los intereses que Colombia deberá pagar en los próximos 37 años. Todo esto para darle caja al gobierno, sin recortar el gasto ni fortalecer el recaudo. El resultado es lapidario: el próximo gobierno recibirá un Estado más caro de financiar, más endeudado y con menos capacidad de inversión.
A este desorden se suma un segundo factor: la corrupción, esa que no empezó aquí, pero que este Gobierno profundizó. La narrativa anticorrupción se convirtió en un eslogan vacío mientras crecían contratos irregulares, favorecimientos políticos y manejos opacos en entidades como la UNGRD, el DAPRE y Ecopetrol. Cada peso que se pierde en corrupción profundiza el hueco fiscal, y hoy ese hueco es ya imposible de ocultar.
Las advertencias son claras: Colombia no puede sostener un Estado que crece más rápido que su economía, ni un gasto que se expande sin evaluación, sin impacto y sin responsabilidad. No es sostenible seguir aumentando nómina mientras se degradan los resultados. No es responsable financiar burocracia y corrupción a través de deuda. No es serio hablar de justicia social mientras se rompe la disciplina fiscal que garantiza estabilidad, inversión y protección a los más vulnerables.
Lo que está en juego no es un debate político: es la salud fiscal del país. Y ese diagnóstico no deja margen para dudas: el Gobierno fue derrochón, improvisó, gastó sin medir, debilitó la institucionalidad y comprometió el futuro económico de Colombia.
Corregir este desastre será una tarea larga y dolorosa. Pero el primer paso es reconocer la realidad con rigor y sin eufemismos: este Gobierno dejó las finanzas públicas en su peor momento en más de una década, y hacerlo visible es un acto elemental de responsabilidad con el país.
