La mesa de negociación del salario mínimo entre sindicatos y empresariado conocerá este 11 de diciembre la propuesta oficial de aumento del Ministerio del Trabajo. En medio de ese acontecimiento, EL COLOMBIANO dialogó con la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, quien advirtió que la negociación del salario mínimo para 2026 atraviesa un escenario complejo.
Y no es para menos, ya que la distancia entre las propuestas presentadas por los empresarios y los sindicatos es bastante considerable.
Para la líder gremial, la cifra del 16% planteada por las centrales obreras es “demasiado alta” y no tiene soporte técnico, mientras que el sector empresarial insiste en un incremento basado estrictamente en inflación, productividad y sostenibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Ospina señaló que un aumento por encima de un dígito tendría efectos directos sobre la inflación, los costos de producción y el empleo formal. Recordó que hoy apenas 2,4 millones de trabajadores devengan un salario mínimo, mientras que más de 11 millones ganan menos de ese monto, una señal de la creciente informalidad laboral y empresarial que, según ella, no coincide con las cifras oficiales.
¿Qué tan cerca estamos de lograr un aumento concertado del salario mínimo para 2026?
“Hoy lo vemos difícil porque los sindicatos pusieron un techo muy alto, del 16%, una cifra que realmente no sabemos de dónde salió. Nosotros trabajamos con rigor en las variables que determinan un aumento responsable del salario mínimo y beneficioso para trabajadores y empresas. Una cifra que no aumentara la inflación ni afectara al consumidor final, que es quien termina pagando una mala decisión. Eso nos dio un 7,21%, una cifra pragmática y responsable.
Sin embargo, entre 7,21% y 16% hay una diferencia muy grande. Pensamos que mañana el Gobierno llevará su propuesta, que seguramente será una cifra intermedia, y por eso los sindicatos fijaron un techo tan alto. En una negociación todo puede suceder. Estamos esperando las cifras del Gobierno para continuar y ver hasta qué puto podemos llegar”.
El Gobierno ha señalado que propondría un 11%. ¿Hasta dónde podría ceder el sector empresarial?
“Mañana con base en la propuesta del Gobierno, los gremios volveremos a reunirnos, revisaremos cifras y otras variables, y veremos qué se puede hacer. Estamos abiertos al diálogo y a la concertación.
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El problema es que subir demasiado el salario mínimo aumenta los costos de producción y, por ende, los precios. Al final para frenar la inflación, el Banco de la República tendría que aumentar más las tasas de interés, cuando lo que se espera es que bajen. Realmente la situación es delicada”.
Usted dice que están abiertos al diálogo, ¿es decir la postura del 7,21% podría subir?
“Lo que pasa es que esa propuesta tiene que ir de la mano con las cifras. Tomamos como base la productividad total de los factores, pero hay otros elementos que podríamos revisar mañana. Todo depende también de lo que presente el Gobierno”.
Pero están de acuerdo con ese 11% del Gobierno, ¿sería posible un acuerdo concertado con esa cifra?
“Debemos ser responsables y mirar la realidad económica del país. Nosotros hablamos de cifras de un solo dígito porque es lo viable y correcto según los datos técnicos. Esperaremos qué nos trae el Gobierno para ver si realmente hay ánimo de concertar.
Hagamos la cuenta, la inflación es del 5,3%, si se subiera al 10% estaríamos hablando del doble de la inflación. Ahí es donde tenemos que ser muy responsables con las cifras porque realmente cuando sube el salario en la cifra que sea, ese incremento se refleja también en los costos de producción y en los precios (...)”.
Fenalco decidió no sentarse en la mesa y parece no estar de acuerdo con la postura de 7,21%. ¿Hay divisiones entre los empresarios?
“No, no hay diferencias entre los empresarios; estamos muy unidos en este tema. Respeto la decisión de Fenalco, es un gremio autónomo y eso está bien. Pero desde Acopi y los otros gremios consideramos que debemos estar en este espacio tripartito por ley, pase lo que pase. Por eso seguiremos en la mesa hasta el final. Esperemos que sea para bien del país porque sin empresa no hay empleo, y ese principio debe estar siempre claro”.
Analistas han advertido cifras preocupantes por el incremento del salario mínimo en los últimos cuatro años, ¿qué muestran esos datos?
“Hoy, 2.408.000 trabajadores ganan un salario mínimo. En 2024, entre enero y octubre, esa cifra era de 3.716.000 trabajadores. Eso significa que 1,3 millones de personas dejaron de ganar un salario mínimo y hoy reciben menos.
Además, 11,3 millones de personas ganan menos del salario mínimo, frente a 10 millones en 2024. Es decir, 1,2 millones de personas adicionales pasaron a ganar menos del mínimo.
Siendo coherentes con esas cifras, tenemos que centrarnos en lo técnico y en los datos que nos da el Dane. Hay que lograr un aumento que nos permita proteger el empleo formal y la capacidad de compra de los hogares”.
¿Eso se debe a que está aumentando la informalidad?
“Claro. A veces se dice que ha bajado, pero hay que ver bien las cifras. Si hoy más personas ganan menos de un salario mínimo, no cuadra la ecuación por ningún lado.
¿Así las cosas esto parece que se va a definir por decreto?
Acopi representa más del 90% del tejido empresarial. Si el aumento es por decreto y del 11%, ¿qué pasaría en 2026?
“Podría aumentar la informalidad. No tanto despidos de personal, pero sí más empresas que no puedan sostener empleo formal. De los 23 millones de ocupados en el país, solo 2,4 millones reciben un salario mínimo. Es preocupante porque solo ese grupo está en plena formalidad salarial.
El 99,7% del tejido empresarial colombiano son micro, pequeñas y medianas empresas; de ellas, el 95% son micro y pequeñas. Sostener cargas laborales en empresas de uno a cinco empleados es muy complejo. Por eso nuestras propuestas buscan evitar un aumento de la informalidad”.
Sobre la reforma laboral, ¿qué efectos han visto hasta ahora?
“La reforma laboral aumentó los costos: reducción de la jornada a 42 horas, festivos, dominicales y horas extras más costosas. Todo eso presiona a las empresas y genera informalidad.
Y hay dos decretos muy preocupantes y que se están debatiendo: el de tercerización y el de negociación colectiva de los sindicatos. Pretenden sindicalizar a todo el país. Eso llevaría a más informalidad y al cierre de muchas empresas.
Son tantas cosas a la vez. De este gobierno no recibimos un solo apoyo para las empresas. El 0,3% del tejido empresarial son grandes empresas; el resto somos micro, pequeñas y medianas, y somos las más afectadas”.
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