El ministro (e) pidió a la Unidad de Análisis Financiero UIAF y al Inpec ponerle la lupa a guardianes y funcionarios para corroborar o descartar si estos estuvieron involucrados en la huida del peligroso delincuente y de otro recluso más en Bogotá.
A raíz de las recientes fugas de presos que se han dado en penales del país, incluyendo la ocurrida en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, el Ministerio de Justicia se pronunció y pidió investigar a los funcionarios a cargo de los penales donde se dieron los hechos.
En un video divulgado por redes sociales, El ministro (e) Andrés Idárraga anunció investigaciones y además pidió apoyo a la Policía para dar con los fugados de la cárcel La Picota en Bogotá y La Paz de Itagüí.
Según el ministro, dichas fugas han generado alertas sobre lo que pasa en los centros de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario Inpec, y por ello indicó que ha solicitado apoyo a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) para que en coordinación con la dirección del Inpec se le ponga la lupa a los funcionarios –ya sea administrativos o de guardia– de los penales donde se dieron ambas fugas.
Para Idárraga, la idea es descartar o confirmar si en las huidas hubo colaboración de dicho personal. De ser cierto el apoyo, Idárraga comentó que se hará traslado de las evidencias a la Fiscalía con el fin de vincular a los presuntos implicados en las investigaciones de ambos presos.
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Así mismo, Idárraga indicó que se espera que con el apoyo de la Policía ambos peligrosos criminales sean recapturados.
La seguidilla de huidas de cárceles del país inició el pasado 7 de diciembre, cuando se anunció la salida irregular de un hombre identificado como Pedro Nieves Mosquera, quien estaba recluido en La Picota.
Según trascendió, Nieves habría salido del penal en la tarde del pasado domingo luego de que un familiar lo suplantara. El hombre sería un extorsionista que ya había purgado una pena por este delito de ocho años. Además, era juzgado por el delito de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.
Pero el caso más grave se habría dado en la Cárcel de Itagüí. De allí se fugó Darío Arcadio Zapata Mazo, de 35 años, conocido con el alias de El Zorro o El Flaco, un disidente de las Farc, capturado en Valdivia y condenado a más de 30 años de prisión por secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y concierto para delinquir.
Su fuga se reportó este lunes 8 de diciembre, cuando este hombre, que se encontraba en el pabellón 2, se “descolgó” o dejó caer por la parte trasera del penal con una sabana o tela. Posteriormente burló los demás controles del lugar.
La cuestión es que la denuncia fue dada a conocer por la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien afirmó que la fuga de Zapata se dio en medio de una fiesta al interior del centro penitenciario donde están recluidos los jefes de la mafia local que negocian la Paz Urbana con el gobierno del presidente Petro.
“Mientras los cabecillas de las estructuras criminales estaban haciendo marranadas, prendiendo velitas, licor y música, aprovechó para fugarse Darío Arcadio Zapata, conocido con el alias de El Zorro. Las fuentes que tengo en la cárcel de máxima seguridad me han contado que allá no se hacen los conteos de las personas privadas de la libertad, que allá no existen los controles”, señaló la concejala.
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Existe la posibilidad de que El Zorro tenía previsto fugarse desde hace días, esto a raíz de una notificación que recibió por una nueva imputación por ocho asesinatos que cometió.
El hecho generó una fuerte ola de críticas debido a que esta no sería la primera fuga que se reporta en un centro penitenciario del país.
“Ha habido una cantidad de fugas en diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios a lo largo y ancho del territorio nacional y pareciera ser que eso se está quedando en el aire. Hay una problemática fuerte entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. No sé si es que el Inpec tiene un déficit de guardianes y si así es, quien debería estar solucionando eso es la USPEC”, expresó Jorge Carmona, defensor de derechos humanos y de la población penitenciaria.
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