En la misma semana en que anunció su aspiración al Senado por el Partido Liberal, el exalcalde de Sabaneta durante el periodo 2020-2023, Santiago Montoya Montoya, recibió un baldado de agua fría.
La Procuraduría formuló pliego de cargos en su contra por la “presunta omisión del deber de publicar, actualizar y divulgar información financiera y de conflicto de intereses, una obligación ineludible para los servidores públicos de elección popular”.
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De acuerdo con la entidad, el exalcalde habría incumplido su deber legal de incorporar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente a las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023.
Tras ser consultado sobre esta comunicación de la Procuraduría, el ahora candidato Montoya respondió que es cierto que durante su administración no se diligenciaron y se cargaron estos documentos al sistema, pero que para eso había una persona contratada que incumplió su labor y que él como al Alcalde no tenía cómo estar al tanto de esa situación.
Además, agregó que su defensa ha argumentado que en algún momento donde intentaron subir los documentos, el sistema tuvo intermitencias.
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“Eso, aunque es deber del funcionario, y en este caso del Alcalde, no lo hace un Alcalde. Había un uncionario, un contratista delegado para este tipo de funciones. Eso son funciones de los equipos técnicos que rodean al Alcalde desde la parte administrativa y jurídica, pero un Alcalde no está pendiente de eso”, señala Montoya.
Asegura que solo se dio cuenta de que no había subido estos documentos cuando recibió la comunicación de la Procuraduría en la que le notificaron la apertura de la investigación, y que una vez supo se puso al día con ella. Según él, nunca hubo intención de ocultar nada, solo desconocimiento.
“Lo que hicimos inmediatamente fue cargar esa información, o sea, ánimo de ocultar ninguno, porque a la larga eso es un documento público porque mi declaración de renta ha sido presentada todos los años”, agrega Montoya.
Sobre si una sanción de la Procuraduría por este hecho podría poner en vilo su candidatura o su eventual labor como congresista, Montoya asegura que la falta disciplinaria de la que es acusado se dio en grado de culpa, no fue doloso, y podría recibir una sanción económica que, asegura, no debería pagar él. “No puedo asumir la responsabilidad jurídica por un funcionario que fue contratado para esa misión”, asegura.
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