La expedición del Decreto 0234 de 2026 ha generado múltiples debates sobre el poder que le atribuye a los sindicatos en Colombia. Eso porque el documento habla de negociaciones colectivas entre sindicalistas y compañías. La pregunta es, ¿esto crea megasindicatos que podrían convertirse en una carga muy grande para las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial en el país?
De entrada hay que decir que lo novedoso de la norma es que permite que los acuerdos entre empresas y sindicatos se extiendan a toda una industria o rama económica, obligando a empleadores y trabajadores a negociar en una única mesa y bajo un solo pliego: negociaciones colectivas.
Además, establece que los convenios alcanzados en ese nivel serán vinculantes para todos, es decir, incluso para las empresas y trabajadores que no participaron directamente.
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Para Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, este esquema sí podría derivar en una concentración de poder sindical. “Esto sí crea megasindicatos porque finalmente obliga a que los trabajadores así no quieran ser sindicalizados, de facto lo sean y tengan que pagar la cuota sindical”, afirmó.
Efectivamente, el documento establece que aquellos que se beneficien de una convención colectiva deben realizar un aporte económico. Eso, incluso, sin exigir mínimos de afiliación sindical como ocurre actualmente.
Algunos críticos aseguran que se le está entregando las empresas a las centrales obreras; sin embargo, Izquierdo sostuvo que esa premisa es exagerada y alarmista. “Decir que se le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos puede ser alarmista, porque el decreto no habla de administración, sino del poder vinculante de las negociaciones sectoriales”, explicó.
¿Qué cambia con la negociación colectiva por sectores?
El nuevo marco permite que múltiples empresas y sindicatos negocien de forma conjunta condiciones laborales que luego aplicarán a todo el sector, independientemente de su tamaño o capacidad económica.
Diego Valdivieso, socio y líder Derecho Laboral y Seguridad Social en Scola Abogados, advirtió que esta transformación retoma elementos de la fallida reforma laboral que no avanzaron en el Congreso. “Implicaba una reingeniería absoluta del régimen de negociación colectiva, generando tensiones no solo entre sindicatos y empresas, sino dentro del propio movimiento sindical”, explicó.
A su vez, el decreto enfrenta cuestionamientos jurídicos. Valdivieso explicó que su contenido coincide con propuestas que el Congreso decidió no aprobar, lo que abre dudas sobre la competencia del Ejecutivo.
“El decreto reglamentario no está destinado a hacer ajustes normativos, sino a desarrollar la ley. Si hay problemas de fondo, debe resolverlos el Congreso”, señaló.
Esta situación podría derivar en demandas ante el Consejo de Estado, en un escenario donde se cuestiona si el Gobierno excedió su facultad reglamentaria al introducir cambios estructurales en el régimen laboral.
¿Cómo impacta a las empresas el decreto 0234?
Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan nueve de cada diez compañías en Colombia.
Desde el sector empresarial, Acopi alertó que la norma podría trasladar cargas laborales, económicas y administrativas desproporcionadas a estas unidades productivas. “Miles de pequeñas empresas podrían quedar sometidas a obligaciones negociadas bajo realidades económicas muy distintas a las suyas”, señaló el gremio.
Aunque el decreto incluye cláusulas de adaptabilidad, como gradualidad en la implementación y límites a los costos, estas son consideradas insuficientes. El gremio alerto que los conceptos son abiertos y dependen de cada negociación, lo que podría dejar a las mipymes en una posición vulnerable.
Andrés Felipe Izquierdo coincide con este diagnóstico y advierte que las condiciones negociadas por sindicatos de grandes empresas suelen ser más exigentes. “Trasladar esas condiciones a las pequeñas termina poniendo en riesgo su capacidad de operación”, afirmó.
¿Qué efectos tendría en empleo e inversión?
Más allá del debate jurídico, los análisis coinciden en posibles impactos económicos. El modelo podría aumentar los costos laborales, elevar la rigidez del mercado y desincentivar la formalización, en un país donde seis de cada diez trabajadores son informales.
Los analistas también proyectan un posible efecto negativo sobre la inversión, ante un entorno regulatorio más complejo. A esto se suma el riesgo de mayor litigiosidad por la coexistencia de acuerdos a distintos niveles y la aplicación del principio de favorabilidad.
Otro de los puntos relevantes es la representatividad. Aunque el decreto busca fortalecer la negociación colectiva, en Colombia solo el 4% de los trabajadores está sindicalizado.
En este contexto, expertos concluyen que el modelo podría concentrar el poder en los sindicatos más grandes, reduciendo la capacidad de los minoritarios y generando tensiones internas en el movimiento sindical.
Asimismo, la obligación de pagar cuotas por beneficios convencionales, incluso para trabajadores no afiliados, ha sido señalada como un mecanismo que podría impulsar una sindicalización indirecta o forzada.
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