La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por destinar presuntamente de manera irregular los recursos que hacen parte de la unidad de pago por capitación (UPC).
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Según la entidad, Cardona habría autorizado la constitución de un plan de ahorro voluntario, denominado ‘Plan Semilla’, por un valor superior a los $1.000 millones, con cargo a los recursos de la UPC, lo cual no está permitido.
Vale la pena recordar que la UPC es el dinero que el Estado le reconoce a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para la atención en salud. El valor de ese rubro de determinado por el Ministerio de Salud a final de cada año.
De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, los dineros que fueron utilizados en la vigencia 2020, solo podían destinarse legal y constitucionalmente al aseguramiento en salud.
Sin embargo, Cardona habría autorizado que se manejaran dentro del rubro de gastos administrativos de la aseguradora. Un uso que no está permitido.
Para el ente de control disciplinario, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Nueva EPS es la aseguradora más grande del país, pues cuenta con 10,8 millones de usuarios, y está intervenida por la Superintendencia de Salud desde abril de 2024.
Por su parte, Cardona emitió un comunicado de prensa en el que responde a esta formulación de cargos. Allí, dijo que “el Plan Semilla consistía en el aporte que hacía la empresa de seis días de salario al colaborador por el ahorro voluntario de doce días que realizaban al año”.
De igual manera, expresó que en Colombia es legal que las empresas otorguen beneficios para los empleados como apoyo a la educación de hijos, subsidios de vivienda, primas extralegales o bonos. “En Nueva EPS, el único beneficio de este tipo era el Plan Semilla”, indicó.
“En 2021, la Contraloría General de la República auditó la vigencia financiera de 2020 y reportó un hallazgo sobre el Plan Semilla. El caso fue trasladado a la Procuraduría”, agregó.
Finalmente, recordó que después de la revisión de los elementos probatorios, mediante auto del 17 de agosto de 2022, la Contraloría delegada para el sector salud ordenó el cierre y archivo de la indagación preliminar.
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