La Contraloría General de la República alertó que en Nueva EPS se están presentando presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas. La entidad expresó que estos hallazgos se hicieron después de un operativo de policía judicial en julio pasado.
Al respecto, el ente de control fiscal aseguró que el incremento desmesurado de anticipos que compromete la liquidez de la entidad y que en un análisis preliminar se detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar de 2023 y 2024.
Según explicó esa entidad, esos operativos se llevaron a cabo con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados.
Por otro lado, esos anticipos pendientes por legalizar de 2023 y 2024 pasó de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale a un incremento del 155 % y representa una variación significativa que “afecta la situación financiera de la EPS”.
En ese sentido, señaló que hubo un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente a lo reportado durante 2024, pasando de $8,6 billones a $15,27 billones. Esto refleja, a juicio del ente, una situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, sobre todo en aquellos que superan los dos años por $143.000 millones.
“Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados”, advirtió la Contraloría.
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