La Contraloría General de la República reveló los hallazgos que hizo tras realizar una auditoría financiera a la gestión fiscal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) de la vigencia 2024. El ejercicio fue hecho por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte y arrojó un posible detrimento patrimonial por $81.593 millones.
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La auditoría, realizada en el primer semestre de 2025, identificó 21 hallazgos, de los cuales 20 presentan presunta connotación disciplinaria, tras presunta incidencia penal, uno fue remitido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y siete tienen impacto fiscal. Se evaluaron los componentes que tienen que ver con pensiones, cesantías y servicios de salud del Magisterio, incluido el nuevo modelo de atención que se empezó a implementar el 1 de mayo de 2024.
Entre las principales irregularidades detectadas hay inconsistencias en la gestión de cobros de cartera, pagos posteriores al fallecimiento de beneficiarios y ausencia de provisiones presupuestales para facturas médicas. Solo por la ineficiente gestión de cartera, la Contraloría identificó un posible daño fiscal por $23.800 millones.
Por otro lado, el ente de control señaló que se pagaron 46 fallos judiciales después de diez meses de su ejecutoria, lo cual incumplió la normativa vigente y generó intereses moratorios por cerca de $3.210 millones, configurando un hallazgo con implicaciones fiscales y disciplinarias.
De manera reiterada, esa entidad ha evidenciado retrasos en el reconocimiento y pago de cesantías, en los que intervienen la Fiduprevisora y las entidades territoriales. Como resultado, se pagaron sanciones moratorias por $4.220 millones con recursos del Tesoro Nacional (TES) y más de $48.100 millones con recursos del Fomag.
La utilización indebida de recursos del Fondo del Magisterio para cubrir estas sanciones motivó hallazgos con presunta connotación penal, los cuales serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, hizo un llamado a la Fiduprevisora y a las entidades para que implementen mecanismos que prevengan la repetición de estas situaciones.
Una de las revelaciones más alarmantes está relacionada con la firma de 10 contratos de transacción entre 2023 y 2024 por $1,2 billones sin la debida aprobación del Consejo Directivo del Fomag, lo cual motivó el traslado de esos hallazgos a la Fiscalía y la Procuraduría General.
Durante la auditoría se recibieron también denuncias sobre la presunta creación indebida de grupos empresariales para beneficiar a ciertas IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud), así como la constitución de sociedades ficticias y la posible transferencia de recursos a empresas extranjeras, lo que, a juicio de la institución, podría configurar delitos como ocultamiento de recursos y enriquecimiento ilícito.
Hallazgos en el nuevo modelo de salud
Respecto al modelo de salud implementado desde mayo de 2024, la Contraloría encontró graves deficiencias relacionadas con la omisión en la constitución de certificados presupuestales por $75.000 millones, con la ejecución de contratos sin actas de inicio ni garantías y con la suscripción de contratos sin respaldo presupuestal por $525.000 millones.
Uno de los contratos más criticados fue el 12076-024 de 2024, que fue firmado inicialmente por $31.000 millones y luego modificado a un valor de $776 millones sin justificación técnica. Esta modificación, señala el ente de control, evidenciaría un alto grado de improvisación en la contratación de servicios de salud.
También se observaron irregularidades en el sistema de información SUIM-HORUS, que es el sistema para la administración del nuevo modelo. En algunos casos, se firmaron actas de recibo antes de la suscripción e inicio de los contratos, lo cual generó dudas sobre la legalidad del proceso.
Finalmente, se evidenció una adición presupuestal del 127,6 % a un contrato vigente con la Unión Temporal Riesgos Laborales, que supera ampliamente el límite permitido del 50 %. Además, se incumplieron los plazos de pago de 43 facturas, generando un nuevo riesgo de pérdida de recursos por intereses moratorios.
Finalmente, la Contraloría anunció que trasladará los hallazgos sobre contratos sin garantías y transacciones no autorizadas al Ministerio Público y a la Fiscalía. Entre 2023 y 2025, el organismo ha identificado 61 hallazgos, 23 de ellos con connotación fiscal por más de $548.000 millones.
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