A más tardar este lunes 15 de septiembre, Colombia conocerá una determinación que marcará el derrotero de sus relaciones con Estados Unidos, nada menos que su principal aliado en materia no solo comercial, sino también militar. La decisión está en manos del presidente Donald Trump, quien deberá decidir si certifica o no ante el Congreso de ese país que Colombia está cooperando efectivamente en la lucha contra las drogas.
Se trata de un proceso anual que, aunque pareciera de trámite, engloba intereses que van desde la financiación militar, pasando por sanciones económicas hasta el futuro de las mismas relaciones diplomáticas y políticas. Las cifras lo corroboran.
En caso de no tener el visto bueno del gobierno norteamericano y llegar al escenario de la descertificación –una circunstancia que ya vivió Colombia en 1997 durante el Gobierno del expresidente Ernesto Samper–, el país podría dejar de percibir por materia de ayudas económicas alrededor de US$453 millones.
Además, según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), Colombia tendría un faltante de cerca de US$40,4 millones por concepto de ayuda militar, a lo que se suman US$241,7 millones destinados a programas de asistencia económica y social, o US$171 millones para seguridad civil.
“La descertificación podría empujar a Bogotá lentamente en una nueva dirección diplomática, incluso si le toma años cambiar de alianzas y subsanar las deficiencias de financiación; o podría acelerar el regreso de un gobierno colombiano ansioso por complacer a EE. UU. y aferrarse firmemente a sus exigencias en la guerra contra las drogas, sin importar sus consecuencias”, advirtió recientemente un informe de International Crisis Group, una organización dedicada a la prevención de conflictos.
El interrogante es, ¿cómo se está moviendo Colombia para evitar ese escenario? La estrategia del Gobierno Petro, además de insistir en que sí hay resultados y hay una lucha frontal contra el narcotráfico, es advertir que no solo Colombia es la que pierde en caso de reprobrar el “examen”.
“Nos han pintado como si la descertificación fuera un peligro para nosotros, pero también es un peligro para los Estados Unidos. Se ha demostrado que el principal aliado de esa nación en la lucha contra el narcotráfico es Colombia y hemos demostrado que luchamos contra el narcotráfico. Es jarto que nos hagan ese tipo de exámenes, pero somos conscientes de que hay que luchar contra el narcotráfico y estamos seguros de que va a haber certificación”, defendió el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Otra es la lectura de la canciller Rosa Villavicencio, quien por primera vez reconoció que no hay certeza alrededor de la decisión de Trump. “Hemos dicho que hemos hecho y estamos haciendo las tareas, y hemos sobrepasado los indicadores. Es una decisión política también, y eso le corresponde a Estados Unidos, porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio. Seguramente eso pueda causar alguna situación de tensión por el momento que estamos viviendo”.
La narrativa de Colombia incluye no solo insistir en las cifras –Villavicencio defendió que en 2024 se incautaron 884 toneladas de cocaína, 34% más frente a 2022–, sino ratificar que, con tal de mantener la certificación, el propio Gobierno acudiría a medidas más severas.
Por ello, el presidente Petro –aunque lo suscribió al tema de las asonadas contra militares– abrió esta semana la puerta a volver a usar el glifosato en la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Lo anterior, con todo y que fue una medida que criticó con dureza mientras fue senador opositor, sumado a que hay sentencias de la Corte Constitucional que lo prohíben por sus efectos en la salud, el ambiente y los derechos de las comunidades étnicas.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, advirtió el jefe de Estado.
Bajo estos preceptos, esta semana una delegación oficial de Colombia se desplazó a Estados Unidos en búsqueda de afianzar lazos militares y de cooperación. Además del embajador Daniel García-Peña, viajaron el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.
En paralelo, una delegación de los principales alcaldes del país organizó un viaje de emergencia a Washington, en un hecho que desató un fuerte rifirrafe con el presidente, incluso con amenazas de denuncias penales de por medio.
La intención era hablar de estrategias de seguridad y, de paso, salvaguardar proyectos de cooperación internacional. Sin embargo, según el Gobierno, la iniciativa estaría interfiriendo en las labores diplomáticas del Ejecutivo al involucrarse en debates de descertificación.
Los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Bogotá, Carlos Fernando Galán; Barranquilla, Alejandro Char, y Cartagena, Dumek Turbay aseguran que habían planeado viajar el 7 de septiembre a la capital estadounidense para hablar de la seguridad en sus respectivas ciudades. Sin embargo, a último momento tres mandatarios se bajaron del plan.
Gutiérrez y Eder sí emprendieron el viaje, lo que desató una tormenta política. “Los alcaldes no somos empleados del presidente Petro, somos elegidos por los ciudadanos. Nuestro deber es gestionar lo mejor para nuestras ciudades, y eso es justamente lo que vamos a hacer”, defendió Gutiérrez.
Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, insistió en que su presencia en la capital estadounidense respondía al deber de “gestionar beneficios concretos” para los caleños, y no a una intención de asumir roles propios del Ejecutivo nacional.
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