Una posible detención domiciliaria es la medida privativa de la libertad que se avisora para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la condena que le decretará la justicia penal este viernes, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Para hoy a las 2:00 p.m. está programada la tasación de la pena, es decir, la audiencia en la cual la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, dirá a cuántos años condenará al político antioqueño, luego de anunciar el sentido de ese fallo (condenatorio) el pasado lunes.
La diligencia se realizará en el complejo judicial de Paloquemao, en la capital, aunque lo más seguro es que el sentenciado comparezca de forma virtual, como lo ha venido haciendo hasta ahora.
En la audiencia de tasación de la pena, la jueza entrará a valorar de nuevo las pruebas para determinar en qué rango de años define la condena. De igual manera, decidirá si para el cumplimiento de dicha pena el procesado deberá ir a prisión o a detención domiciliaria.
El Código Penal contempla una pena de 6 a 12 años por el delito de fraude procesal (artículo 453), la misma que para el caso del soborno en la actuación penal (artículo 444-A).
Consultado sobre este tema, el penalista Francisco Bernate le contó a EL COLOMBIANO que “los escenarios son los siguientes: atendiendo al hecho de que no hay antecedentes (del procesado), se parte del mínimo, esto es, de seis años. Y se aumenta en una proporción por cada uno de los delitos, es decir, seis o un año. De manera que el escenario puede estar entre los siete y nueve años de prisión”.
Y prosiguió: “En Colombia, cuando los delitos tienen en el Código Penal una pena que no excede de ocho años, es procedente la prisión domiciliaria. En este caso, los dos delitos tienen una prisión mínima de seis años, de manera que sí o sí habrá una prisión domiciliaria, no es viable una intramural. La discusión estará en a partir de cuándo se hará efectiva esa detención: si bien es cierto que la normativa establece que es a partir del momento en que la decisión está en firme, la jueza hizo algunas expresiones que darían a entender que podría hacerla efectiva desde hoy”.
A partir de la lectura de la condena, las partes contarán con cinco días para presentar los respectivos recursos de apelación. Por el lado de Uribe, su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, ya anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Es necesario recordar que el caso está enmarcado en una trama de compra de testigos. A lo largo del proceso judicial, que duró más de 10 años, se expuso que Uribe y su abogado Diego Cadena ofrecieron sobornos a testigos para que cambiaran sus declaraciones frente a los señalamientos en contra del expresidente, sobre sus presuntos nexos con el paramilitarismo (asunto que no se ha probado), y declararan en contra del senador Iván Cepeda.
En la antesala de la audiencia, Uribe trinó en su cuenta de X: “Suelo decir en mis exposiciones sobre liderazgo y manejo de crisis, que las crisis más difíciles son las de afectación personal. Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos pero con curiosidad objetiva”.
Y añadió que “hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material. Y fundamentalmente la oración”.
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