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Donald Trump se ha convertido, al menos por unas horas o días, en ídolo: el intercambio humanitario entre Israel y Hamás lo elevó, no sabemos si fugazmente o de manera permanente, al pedestal de los grandes mediadores del mundo.
En medio de la fatiga global frente a la guerra, su figura —tan polémica como impredecible— se vistió de pacificador. Durante al menos 24 horas, incluso sus críticos más férreos reconocieron que había logrado lo que muchos daban por imposible: sentar a enemigos irreconciliables en una misma mesa.
Y sobre todo, haber frenado esa cruenta guerra, lograr la libertad de cientos de personas y devolver la esperanza a millones, le han dado oxígeno a su figura ante el mundo.
El reciente acuerdo entre Israel y Hamás, auspiciado por Donald Trump, representa uno de los movimientos diplomáticos más audaces y arriesgados del ajedrez mundial reciente. Más allá del titular de éxito, el pacto abre tantos interrogantes como certezas, y pone a Trump frente a un enorme desafío: el de convertir este gesto humano y mediático en un proceso real y sostenible de paz.
El impacto del acuerdo no se medirá por la foto de la firma, sino por su capacidad de resistir el tiempo y la desconfianza. Pero, si eso es en el plano internacional, de puertas para adentro en su país el acuerdo cae como anillo al dedo en momentos en que Trump estaba enfrentando una complicada batalla pública. Desde sectores conservadores y liberales se le acusaba de intentar socavar la independencia judicial, de lanzar ataques retóricos contra magistrados, e incluso de desacatar órdenes de cortes.
Acaba de comenzar lo que se conoce en Estados Unidos como un nuevo ciclo judicial y hay profundos debates sobre qué está pasando con el célebre sistema de controles y equilibrios, debido a que el presidente Trump está logrando todo lo que quiere, así sean cuestionables sus deseos.
El tribunal supremo le concedió inmunidad, el año pasado, por actos presuntamente delictivos durante su primera presidencia. Y, desde enero, se han desatado polémicas por decisiones suyas que por momentos parecen de gobiernos como el de Turquía o Hungría. La mayoría conservadora del alto tribunal se ha puesto del lado de Trump en 20 ocasiones, el 85% de las veces, permitiendo la aplicación de acciones y órdenes ejecutivas que habían sido bloqueadas por tribunales inferiores.
Según una investigación de la Universidad de Stanford, entre el 1 de mayo y el 23 de junio, los tribunales federales de distrito fallaron en contra de Trump el 94,3 % del tiempo (82 de 87 casos). Mientras que la corte suprema dictaminó el 93,7 % del tiempo en favor de Trump (15 de 16 casos).
En los ocho meses que lleva en su segundo gobierno, la Corte le ha autorizado despojar del estatus de protección temporal a cientos de miles de inmigrantes venezolanos, ha permitido la deportación a Cuba, Haití y Nicaragua de inmigrantes que llegaron bajo un programa de asilo o usar la ancestral ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a inmigrantes a El Salvador y a “terceros países”, como Sudán del Sur, Ruanda o Esuatini, a pesar del riesgo de enfrentar allí torturas o persecución.
El Tribunal también le ha autorizado desbaratar el Departamento de Educación, suspender 4 mil millones de dólares en ayuda extranjera y despedir a decenas de miles de empleados federales a pesar de protecciones contractuales.
Pero tal vez una de las decisiones con mayor efecto ha sido la de restringir la autoridad de los jueces de distrito para bloquear a nivel nacional sus decretos ilegales, lo que había sido en los primeros meses del mandato de Trump su contrapoder más efectivo.
En los próximos meses, los seis jueces conservadores –tres de ellos nombrados por Trump en su primer mandato– y las tres progresistas decidirán sobre la legalidad de una serie de asuntos que dividen al país.
Entre ellos la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965, casos relacionados con las llamadas batallas culturales, así como los derechos de los estados para contar los votos por correo en las elecciones.
Igualmente tendrán que pronunciarse sobre los poderes de Trump para imponer su política arancelaria. Hasta ahora las ha conseguido aprobar con declaraciones de emergencia.
Otro asunto sobre el que deberá decidir la Corte es la legalidad de la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía automática por haber nacido en EE.UU., un derecho protegido en la Constitución. Y a principios del próximo año el tribunal tendrá que definir si Trump puede destituir a Lisa Cook, la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal a la que ya trató de echar, poniendo a prueba la supuesta independencia del banco central estadounidense.
El presidente acumula una larga lista de victorias en la máxima instancia judicial del país. J. Michael Luttig, un respetado exjuez federal de apelación conservador, dijo que el Tribunal Supremo preside el fin del estado de derecho en Estados Unidos, aceptando y acomodando la anarquía del presidente. Tal parece que los jueces están demasiado seguros de la fortaleza de las instituciones y no sienten que la democracia está en peligro. Esperemos que así sea.