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Pocas cosas le hacen tanto daño a una democracia como un perdedor que se niega a aceptar su derrota. Eso fue, en esencia, lo que hicieron el presidente Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda, la noche del pasado 31 de mayo, cuando el preconteo los dejó en segundo lugar, detrás de Abelardo de la Espriella. En lugar de reconocer el resultado, el presidente salió a denunciar un supuesto fraude sin presentar una sola prueba real para ello.
La acusación no resistió el primer examen. El escrutinio oficial, a cargo de jueces de la República, coincidió casi por completo con el preconteo, y las misiones de observación de la OEA, la Unión Europea y la propia MOE destacaron la transparencia de la jornada. El mismo Cepeda, un día después, se desdijo y admitió que no había encontrado evidencia ni irregularidades protuberantes. No hubo tal fraude.
Conviene, sin embargo, tomarles la palabra. La elección fue transparente y así lo certificaron autoridades y observadores internacionales. Por eso vale la pena examinar otro tipo de anomalías: no las denunciadas sin pruebas desde la Casa de Nariño, sino aquellas que aparecen en territorios con presencia de grupos armados.
Hay un puñado de municipios que valdría la pena mirar con lupa. Son lugares golpeados por los grupos armados ilegales y en los que el candidato del Pacto Histórico obtuvo votaciones casi unánimes: 97% en El Litoral del San Juan (Chocó), 96% en Jambaló (Cauca) o 94% en Magüi Payán (Nariño), por poner tan solo unos ejemplos. Esos grupos, gracias a la “paz total” apoyada por Cepeda y auspiciada por Petro, hoy se mueven a sus anchas en pequeños caguanes repartidos por el país.
Esas mayorías casi monopólicas no son hechos aislados. El mapa de riesgo electoral de la MOE, elaborado para las legislativas de marzo, identificó 81 municipios en riesgo extremo de fraude y de violencia, frente a los 49 de 2022. La mayoría se concentra en el suroccidente —el norte y el Pacífico del Cauca, el Pacífico nariñense— y se extiende hacia el Putumayo, la Amazonía y el Chocó. Son los territorios que se disputan el Estado Mayor Central de “Iván Mordisco”, la Segunda Marquetalia y el ELN, y donde el narcotráfico, la explotación ilegal de recursos naturales y la extorsión sostienen la guerra. A la lista se suma el Catatumbo, feudo del ELN: aunque De la Espriella ganó abrumadoramente en Norte de Santander, en municipios como San Calixto (84%), Teorama (77%) o El Tarra (73%) Cepeda volvió a arrasar.
Este contexto no surgió de la nada. Informes recientes de la Fundación Ideas para la Paz y de Conflict Responses coinciden en que en estos cuatro años las disidencias de Calarcá pasaron de unos 1.300 a cerca de 3.000 hombres y las de Mordisco de 2.200 a 4.000. Ceses al fuego sin líneas rojas y mesas de diálogo sin contraprestaciones les dieron el oxígeno para crecer, expandirse y afianzar su control sobre la población.
Al cruzar el mapa de la MOE con el preconteo presidencial, el resultado es elocuente: de los municipios que la Misión clasificó en riesgo extremo —por violencia, por fraude o por ambos—, Cepeda superó el 70% de los votos válidos en 46, donde sumó unos 420.000 votos, cerca del 10% de su votación total. En 20 de ellos pasó del 80%, aportándole 173.000 votos.
Las cifras, además, coinciden con denuncias e indicios que surgieron durante la campaña. En plena campaña circularon audios en los que presuntos cabecillas pedían votar por Cepeda —uno de ellos, en el Guaviare, que el Gobierno atribuyó después a una extorsión carcelaria— y hasta el general Erik Rodríguez denunció el modus operandi de la carnetización a ciudadanos por parte de grupos armados, lo que le costó su eventual salida del Ejército. La Silla Vacía, además, recogió testimonios en zonas rurales del Caquetá, el Cauca o el Guaviare que apuntan a que grupos criminales ordenaron respaldar al Pacto Histórico, exigiendo el certificado electoral para permitir la movilidad. El propio Calarcá, cuya estructura negocia con el Gobierno, dijo sin rodeos en una entrevista que, si le preguntaban por quién votar, la respuesta sería “por los de Petro”.
No se pone en duda la legitimidad de una elección que el mundo reconoció como transparente. Nadie discute que estas regiones, abandonadas por el Estado y curtidas en la guerra, tienen una tendencia electoral favorable a la izquierda. Pero una cosa es una mayoría amplia y otra, muy distinta, la unanimidad. Resultados del 94, el 96 o el 97% pueden ser compatibles con una fuerte adhesión política, pero también obligan a preguntarse si existe un entorno donde los criminales pueden expresarse libremente.
La coincidencia entre el control armado y unas votaciones casi monopólicas sí enciende las alarmas, y merece la lupa de las autoridades, sobre todo de cara al 21 de junio. Siguiendo el rastro de votaciones atípicas en territorios sometidos al control armado fue como Colombia terminó destapando la parapolítica.