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El reciente reingreso de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra representa un cambio significativo en la orientación de la política exterior del país. Colombia se ha sumado a un bloque de naciones que prioriza la defensa de la familia tradicional y cuestiona la existencia de un derecho internacional al aborto, apartándose de otras tendencias globales enfocadas en la ampliación de los derechos reproductivos. Este viraje diplomático responde a un ajuste en las prioridades de la actual administración, que busca reposicionar al país en el escenario internacional según su propia visión institucional.
Para entender este panorama, es necesario revisar los antecedentes de una historia que acumula matices en los pasillos de la Cancillería. El Consenso de Ginebra nació en 2020 bajo el impulso del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un grupo de gobiernos de corte conservador. En mayo de 2021, el presidente Iván Duque adhirió el país a este club como un gesto político hacia los sectores provida y tradicionales. Sin embargo, en agosto de 2022, tras el relevo en el Poder Ejecutivo y con la llegada del nuevo gobierno, el canciller de la época, Álvaro Leyva, firmó la retirada argumentando que los principios de la declaración diferían de la agenda gubernamental de equidad de género. Colombia abandonaba así una coalición política que no funciona como un tribunal internacional ni como un organismo de la ONU, sino como un bloque de convergencia diplomática enfocado en la soberanía de los Estados frente a la regulación del aborto.
Debido a la dinámica de alternancia política, el gobierno de Abelardo de la Espriella determinó el regreso a dicha declaración. A través de Alejandro Ordóñez, embajador ante la OEA y una figura representativa de estas posturas, el país formalizó su reingreso al Consenso de Ginebra. Este movimiento plantea un debate legítimo en la sociedad civil sobre la utilidad y el alcance de esta estrategia diplomática. Para los sectores defensores de las libertades civiles, la decisión genera inquietud sobre el prestigio internacional en derechos humanos y el alcance del principio fundamental del Estado laico.
Los datos demuestran que las políticas públicas requieren un balance riguroso entre la salud pública y los marcos institucionales. En febrero de 2022, la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental mediante la sentencia C-055, despenalizando el aborto hasta la semana 24 de gestación. Este fallo obedeció a un análisis de la salud pública y al reconocimiento de los riesgos que la criminalización implicaba para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Antes de esa sentencia, según estimaciones del Ministerio de Salud y de organizaciones como Profamilia, en el país se practicaban cerca de 400.000 abortos clandestinos al año. Esas cifras evidenciaban la necesidad de alternativas seguras frente a los riesgos sanitarios derivados de procedimientos inseguros.
La despenalización no impone una conducta obligatoria para la ciudadanía. El marco legal vigente lo que hace es garantizar el derecho y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo, la salud y los proyectos de vida de quienes opten por esta alternativa. Desde una perspectiva de equidad social, el aborto constituye un asunto prioritario de salud pública que debe ser abordado con criterios técnicos y pluralistas.
Por otra parte, la Constitución de 1991 define a Colombia como un Estado laico. Esto impone al Gobierno la obligación de legislar y gobernar garantizando la neutralidad frente a las distintas creencias o ausencias de ellas por igual. Las convicciones doctrinales legítimas de los gobernantes deben armonizarse con la brújula de la política exterior de una nación diversa. Adherirse a un consenso cuyo trasfondo es percibido como una limitación a las libertades civiles basándose en dogmas de fe plantea interrogantes frente a la laicidad constitucional instituida en el país.
El retorno a la Declaración del Consenso de Ginebra funciona como una declaración de principios diplomáticos que no modifica la legislación interna, pues la sentencia de la Corte Constitucional permanece firme y protegida por el ordenamiento jurídico. No obstante, alinea al Estado con un bloque específico de naciones, en lugar de consolidar el rol del país en la vanguardia regional en materia de libertades civiles.
La diplomacia tiene múltiples funciones que incluyen la apertura de mercados, la búsqueda de la paz y la cooperación en ciencia y tecnología, procurando mantener el equilibrio en las discusiones doctrinales que ya cuentan con un precedente en los estrados judiciales. La autonomía consagrada en los tribunales merece una consideración ponderada frente a las decisiones de coyuntura política, asegurando que las instituciones del Estado laico preserven la pluralidad y la independencia institucional.