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El país estaba en mora de ordenar la consulta previa. Lleva años como cuello de botella para proyectos de energía, transmisión, gas e infraestructura, y las cuentas son claras. Sirius necesita alrededor de 120 consultas previas, con más de 1.500 reuniones. Colectora, la línea que llevaría cerca de 1.050 megavatios de parques eólicos de La Guajira a la red, pasó de más de 220 consultas a más de 250 en agosto y su entrada en operación se aplazó a 2027. Mientras tanto, la energía eólica sigue sin ver la luz. Según SER Colombia, hay 16 proyectos paralizados.
El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, dice que entre enero y agosto se adelantaron 1.327 consultas previas y que solo una de cada seis se resolvió de fondo. Es un dato que habla por sí solo.
El Gobierno propone tramitar en paralelo la consulta previa y la licencia ambiental. Es la dirección correcta. Hoy la licencia espera a que termine toda la consulta, y así los tiempos se vuelven eternos sin que nadie gane en protección. El borrador de decreto establece que la licencia no podrá otorgarse ni negarse mientras la consulta esté abierta. Eso ordena el proceso.
Pero una simultaneidad sin reglas se convierte en otra demora. Las profesoras Gloria Patricia Lopera y Adriana Sanín, de la Universidad de Antioquia, advierten que la autoridad ambiental tendría apenas diez días hábiles para decidir qué aspectos de la consulta incorporará, y que la consulta y el estudio de impacto ambiental siguen separados. Si las comunidades no participan en la identificación de los impactos, su consulta no tiene cómo influir. Y un proyecto que no escucha termina en los tribunales, que es justo lo que el país no necesita.
Por eso el decreto debe corregir tres cosas antes de expedirse. La primera es que las conclusiones de la consulta tengan efecto real sobre la decisión ambiental, con una motivación pública que muestre cómo se tuvieron en cuenta. La segunda es que la autoridad de consulta previa pueda incluir de oficio a las comunidades que identifique durante el proceso. Quitar esa facultad deja por fuera a poblaciones que sí están afectadas. La tercera es recuperar la obligación de justificar las decisiones cuando no hay acuerdo. La Directiva Presidencial 06 de 2026 aclara que la falta de consenso no decide por sí sola, pero la eliminación del test de proporcionalidad le quita a las autoridades la obligación de explicar cómo pesaron las preocupaciones de las comunidades.
Konti Bikila Cifuentes, del Proceso de Comunidades Negras, dice que «los tiempos de la institucionalidad no son los tiempos de las comunidades». Tiene razón en que un plazo uniforme no reemplaza el diálogo. Pero el diálogo también necesita plazos, y el país tiene derecho a saber cuándo se cierra un proceso.
La forma importa tanto como el fondo. La politóloga Alejandra Sánchez sostiene que, por tratarse de un derecho fundamental, cambios de este tipo deben discutirse con las comunidades antes de adoptarse, y que omitir las garantías procedimentales abre la puerta a demandas. Armonizar la regulación con el Acuerdo de Escazú sería el camino más seguro. Un decreto sin concertación caería en el mismo lugar de siempre, con la diferencia de que ahora pasaría por un juez.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señala que la falta de expedientes digitales dificulta el seguimiento. Tiene razón en que la digitalización y la ventanilla única son el paso más sensato del paquete. Sin recursos para la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sin embargo, ninguna herramienta funciona.
Colombia no tiene que escoger entre energía y comunidades. Tiene que escoger un procedimiento que avance y que también escuche. Si el decreto se expide con esas garantías, el país destrabará sus proyectos con seguridad jurídica. Si se expide sin ellas, la demora de hoy se convertirá en el litigio de mañana. Esperemos que esta vez sí lo haga bien.