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Ha corrido mucha agua bajo los puentes, desde que Francisco de Paula Santander fue elegido vicepresidente para acompañar a Simón Bolívar (1821). Hubo jaleo y Santander terminó desterrado después de la Conspiración Septembrina. Dicha figura vicepresidencial fue proscrita en 1853. Retornó en 1886 (pero fue sustituida por la del designado presidencial, elegido por el Congreso) y resucitó en Colombia con la Constitución Política de 1991. El diseño constitucional fue cauto: el vicepresidente sería ante todo un reemplazo institucional del presidente, no un cogobernante. En las campañas presidenciales en Colombia, el vicepresidente se selecciona con un criterio mezquino: que sume votos. Que arrastre —a como dé lugar— sectores sociales, segmentos, nichos ideológicos o seguidores que no capte el candidato. Así, la fórmula presidencial termina pareciéndose a una ecuación electoral.
En suma, es un cargo pensado más para la eventualidad que para el ejercicio cotidiano del poder. Por eso, en cada elección aflora la misma dialéctica: si el vicepresidente debe ser o no de la misma línea, si debe equilibrar la fórmula o si su rol es arañar los votos que al candidato le faltan. Es la lógica de la compensación política: si uno es representativo, el otro está para cooperar; si uno se recuesta en una orilla política, el otro debe acercar la periferia. Una vez terminada la campaña, sin embargo, la realidad se desinfla. El vicepresidente descubre que su cargo tiene más simbolismo que atribuciones. Todo porque el poder, en la vicepresidencia, siempre se desliza por delegación.
De ahí que esta figura tenga algo de paradoja política. Se escoge pensando en ganar elecciones, pero la Constitución la diseñó pensando en las ausencias, las faltas y los vacíos. Un puesto que llega con algunos votos propios, pero que se ejerce con poder prestado. Y la verdadera pregunta sigue siendo otra: si Colombia quiere en las urnas un vicepresidente que gobierne o simplemente uno que esté ahí “por si las moscas”. Dice la historia que el primer vicepresidente de la nueva era fue Humberto de la Calle, elegido con Ernesto Samper. Y se volvió opositor. Terminó distanciándose del gobierno y renunció. Fue la primigenia prueba de que el vicepresidente podía convertirse en conciencia incómoda del poder.
Con Álvaro Uribe Vélez, el cargo tomó otro perfil. Pacho Santos tuvo un papel visible en políticas públicas, especialmente en derechos humanos y relaciones internacionales. Aquí el vicepresidente fungía como un actor político del gobierno. Pero... Germán Vargas Lleras fue el vicepresidente con músculo real. Juan Manuel Santos le delegó: (i) infraestructura, (ii) vivienda gratuita y (iii) ejecución de grandes proyectos. Fue probablemente el vicepresidente con mayor poder ejecutivo en la historia reciente. Entretanto, con Iván Duque, Marta Lucía Ramírez ocupó simultáneamente la cancillería. Esto consolidó una práctica: convertir al vicepresidente en ministro, para darle funciones palaciegas. La elección de Francia Márquez junto a Gustavo Petro respondió a otra perspectiva: el vicepresidente como símbolo político de inclusión.
La vicepresidencia, entonces, termina siendo una especie de pieza de compensación política y una llave de ingeniería electoral. El dilema colombiano es que el vicepresidente tiene enorme legitimidad electoral, pero exiguo poder institucional. Eso genera tensiones frecuentes. Su diseño, velis nolis, es: sumar, equilibrar y empujar. Los mediáticos son los candidatos y los “vices” son los puentes políticos. Es un suplente elegante, un funcionario aterciopelado para no mandar.
