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Hemos terminado aceptando una peligrosa ficción: que un mensaje en una plataforma digital pueda adquirir la solemnidad de un acto oficial. Y esto es grave, porque un trino no reemplaza un decreto; un video no sustituye una resolución y una transmisión en vivo no modifica el ordenamiento jurídico. Pero ya nos acostumbramos a que el Estado no gobierna constitucionalmente. Dicho de otra manera: ya no manda el papel sino la pantalla.
Las grandes decisiones nacionales se anuncian primero en una red social y, si queda tiempo, en un decreto. El ciudadano ya espera con avidez la notificación del celular. Los ministros no madrugan a estudiar documentos sino a interpretar publicaciones. Y todo, porque los mismos periodistas dejaron de preguntar qué dice el acto administrativo y comenzaron a interrogar qué quiso decir el último trino, cuál es la interpretación y si se está de acuerdo o no con su contenido.
Desde luego no es un fenómeno exclusivo del actual presidente, aunque con Gustavo Petro esta fiebre alcanzó una intensidad desmesurada. Sus publicaciones en X han generado, en múltiples ocasiones, reacciones inmediatas de opositores, autoridades, empresarios, jueces y mercados. Pero sería deshonesto creer que el problema nació allí. Álvaro Uribe convirtió Twitter en su tribuna política más influyente. Daniel Quintero hizo de las redes sociales el escenario vulgar y cotidiano de su gobierno en Medellín. Hoy casi todos los dirigentes —de izquierda, de derecha y de centro— gobiernan, contradicen, insultan, rectifican, meten baza y anuncian desde el teléfono móvil.
Las formas nunca son un estorbo. Fueron una conquista de la civilización. Cuando el artículo 121 de nuestra Carta dispone que ninguna autoridad ejercerá funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, está diciendo mucho más que una regla de competencia. Está recordando que el poder no puede actuar por ocurrencias. Que la autoridad necesita cauces y que la improvisación jamás ha sido fuente del derecho.
Lo verdaderamente inquietante no es que los gobernantes utilicen las redes sociales. Deben hacerlo. Lo preocupante es que las instituciones comiencen a comportarse como si las redes fueran las instituciones. Que el anuncio termine desplazando a la decisión, que la inmediatez derrote al procedimiento y que el impacto mediático valga más que la seguridad jurídica.
Conviene recordar una verdad sabida: detrás de cada forma jurídica hay una garantía ciudadana. El decreto exige competencia, motivación, publicidad y control. El expediente deja huellas, la firma compromete y el archivo conserva memoria, mientras el impetuoso trino puede hasta eliminarse o editarse. Por eso resulta tan peligroso el culto contemporáneo a la espontaneidad. Gobernar no consiste en reaccionar primero sino en responder después.
Quizá los historiadores del futuro escribirán algo sencillo y triste: fue el tiempo en que las instituciones empezaron a pedir permiso para hablar después de las redes sociales. Un presidente, un ministro, un gobernador o un alcalde tienen todo el derecho de expresarse por X; lo que no puede ocurrir es que la arquitectura jurídica de la República termine subordinada a la lógica de una plataforma digital. Las democracias no se derrumban únicamente cuando se violan las leyes. También empiezan a erosionarse cuando las leyes dejan de ser el escenario natural donde se ejerce el poder.
