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El pasado domingo en el municipio de Tumaco se encontraron las dos delegaciones, del gobierno y de la Segunda Marquetalia. Walter Mendoza, el jefe negociador de los desertores de la Segunda Marquetalia, dijo cuáles eran los propósitos del primer ciclo que se va a desarrollar en La Habana en quince días. Los propósitos, según el vocero, desescalar el conflicto y llevar soluciones al territorio. Entre las soluciones mencionó la sustitución de cultivos ilícitos con cacao o caña de azúcar o una camaronera. Exactamente, parte de los acuerdos a los que se llegó en los acuerdos con las FARC que deshonraron.
Walter Mendoza, que responde al nombre de José Vicente Lesmes, no hizo referencia a qué entiende por desescalar el conflicto. Ojalá pase por remover las minas anti personas que están creciendo nuevamente en Colombia. Sería deseable que el Gobierno le explicara a la ciudadanía cuáles son los criterios para continuar con esa mesa de negociaciones: cuáles han sido los elementos que permitan creer en la voluntad de paz de Iván Márquez y de sus hombres, cuando atravesamos por la crisis más profunda de la paz total con el ELN y el EMC con la única excepción de la mesa con los comuneros del sur en Nariño.
¿No es acaso el momento de replantear el diseño de la estrategia de la paz total de la mano con una política de seguridad territorial que no ha dado resultados? El último propósito casi que único parecería levantar las órdenes de captura y extradición de Márquez para llevarlo a La Habana. Tiene vigente una solicitud de extradición a Estados Unidos. Lo haría muy difícil, casi que imposible que el gobierno lo omita. Pero casos se han visto. Al tiempo que se produce esa noticia, otro anuncio parecería confirmar los intentos por acabar con los acuerdos con las FARC.
Las declaraciones de Otty Patiño sobre que el gobierno está estudiando un cierre de la jurisdicción especial de paz (JEP), algo así como “La JEP no puede durar indefinidamente”, es inadmisible. Esta semana el presidente de la JEP habló con Gustavo Gómez en el programa 6 am de Caracol radio y dijo que posiblemente es porque no han condenado al ex secretariado de las antiguas Farc. Ojalá del reconocimiento pase a la acción.
Están demorados y demasiado es cierto, pero la solución no es el cierre, es la obligación del tribunal transicional de cumplir con sus funciones. El expresidente Juan Manuel Santos también lo ha dicho, van con una lentitud inaceptable. La JEP tiene vigencia por 20 años, hasta el 2037. Desde hace algún tiempo los miembros de Comunes vienen expresando la misma posición que ahora expresa Patiño: que la JEP había desviado sus funciones. ¿Será que Álvaro Leyva tiene que ver con la declaración de Otty? Cuando era canciller en Naciones Unidas, expresó tal idea.
Y le añadió: se necesita, es un tribunal de cierre. Insiste el ahora excanciller y se le suma el Alto Comisionado para la paz.
