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Se siente una enorme presión en el ambiente y sobrevuela en todas las conversaciones una sensación de angustia. Y no solo entre aquellos que se oponen a Petro y a quien pretende ser su heredero. También los petristas se muestran asustados.
No debería ser así. En una democracia, las elecciones son estructurales y la incertidumbre sobre los resultados, favorables o adversos al candidato de preferencia, inevitable en el proceso electoral. Todos debemos estar preparados para perder y aceptar la decisión de la mayoría como un hecho natural y obvio. Es lo normal. Sin temor, sin ansiedad.
Pero si hace cuatro años ya había un aire de desasosiego entre aquellos que temían un triunfo de Petro y la izquierda, ahora es común a todos los ciudadanos y es más profundo, más agudo. Entre la izquierda, porque temen que se pierdan los que perciben como “avances sociales” para algunos sectores y que el gobierno de De la Espriella los persiga y los “destripe”. Entre la derecha, el miedo a que la continuación de las políticas estatizantes ahogue de manera definitiva la economía, los violentos aumenten su poder y su control territorial, se destroce la Constitución y se pierda la democracia.
No debería ser así. Los comicios solo deberían poner en cuestión el nombre de próximo presidente y la inclinación política del que sería el nuevo gobierno, un asunto, si se quiere, de matices. En principio se elige entre opciones distintas, claro, pero se supone que no están en riesgo el modelo político ni el económico. Ahora no, estas elecciones han devenido en una cuestión de supervivencia del sistema democrático.
Y ello ocurre porque Petro cambió las reglas. Su complicidad con los criminales, construida desde el pacto en las cárceles y desarrollada durante todo su cuatrienio; el ataque sistemático al empresariado y a la iniciativa privada; su propuesta de hacer otra constituyente, para peor con propuestas de conformación fascistas, antidemocráticas; el uso de recursos públicos y la descarada participación política en la campaña; la amenaza de desconocer lo que dictaminen las urnas y de violencia si el resultado no es el esperado por él; acciones y mensajes que disparan el miedo. Y no por paranoia, por injustificadas sospechas. No, Petro es culpable: da razones, hay hechos ciertos que sustentan el temor.
En nada ayuda a despejar la incertidumbre que Cepeda se montara también en la tesis del fraude electoral. Y que después haya acudido, otra vez, a la guerra judicial. Y ojo, no estoy diciendo que, si las tuviera, dejara de presentar las pruebas que comprometerían a su contrincante en la comisión de delitos. No solo estaría en su derecho sino que sería su deber. Lo condenable, desde todo punto de vista, es acusar al contrincante sin prueba alguna.
A Cepeda le gusta acusar de delitos no cometidos a sus contradictores, el lawfare, la guerra judicial. Para él la judicialización de la política es no solo costumbre sino vicio.
Así mismo es censurable la decisión de la fiscal Gloria Abadía de llamar a indagatoria a Álvaro Uribe cuando no se han practicado pruebas fundamentales. La violación de las garantías judiciales del expresidente y que sus procesos se muevan al vaivén del interés electoral de sus perseguidores no es costumbre, es vicio.
Por cierto, también son reprochables las malucas amenazas con sanciones norteamericanas y las acusaciones de compra de votos que, sin pruebas, hace De la Espriella. Rumores hay muchos, pero un candidato presidencial no puede actuar con base en ellos.
En estas elecciones no solo se define lo usual, el nuevo presidente y la tendencia del gobierno que viene. Lo que está en juego es extraordinario y vital: el futuro de la democracia y el tipo de sociedad que seremos.
