Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
El llamado formulado por el Presidente Álvaro Uribe no debería interpretarse como una invitación a debilitar la acción legítima de la justicia, sino como una reafirmación de uno de los principios más antiguos del constitucionalismo liberal.
Ningún Estado pierde autoridad por investigar, acusar o sancionar cuando existen razones jurídicas para hacerlo. Por el contrario, fortalece su legitimidad cuando demuestra que la ley se aplica con independencia, serenidad y respeto absoluto por las garantías procesales. Lo que destruye esa legitimidad no es la firmeza del Estado, sino y precisamente, la utilización de su inmenso poder para perseguir personas en lugar de esclarecer hechos.
Esta distinción resulta especialmente valiosa en momentos de alta polarización política, cuando las pasiones suelen desdibujar los límites que sostienen una democracia constitucional. En esos escenarios aparecen voces que, convencidas de la justicia de sus propias causas, justifican prácticas que jamás aceptarían si el poder cambiara de manos.
Conviene regresar a los grandes principios que dieron origen al Estado de derecho. John Locke advirtió que “donde termina la ley, comienza la tiranía”. Montesquieu explicó que la libertad solo sobrevive cuando el poder encuentra límites en otro poder. A. V. Dicey convirtió la igualdad ante la ley en la piedra angular del constitucionalismo británico. Friedrich Hayek recordó que el derecho deja de ser un límite cuando se transforma en un instrumento para alcanzar fines particulares contra individuos específicos. Lon Fuller enseñó que la justicia no depende únicamente del contenido de las normas, sino también de la rectitud con que se aplican. Ninguno de ellos concebía un Estado impotente frente al delito. Todos concebían un Estado limitado frente a la arbitrariedad.
Por eso la diferencia entre aplicar la ley y perseguir políticamente no reside en la existencia de investigaciones ni en la severidad de las decisiones judiciales. Reside en cambio, en la naturaleza del poder que las impulsa. La aplicación de la ley parte de hechos verificables, respeta la presunción de inocencia, garantiza el derecho de defensa, acepta el escrutinio público y reconoce la independencia de los jueces. La persecución, en cambio, invierte ese orden. Primero identifica al adversario y después busca el expediente. Primero decide el resultado y luego procura justificarlo. La ley deja de ser una regla general para convertirse en un instrumento de castigo selectivo.
Ese es el punto central del llamado del presidente Uribe. No propone indulgencia frente al delito ni impunidad para nadie. Reafirma la frontera moral y jurídica que separa la autoridad legítima del abuso del poder. Una democracia demuestra su fortaleza cuando investiga sin prejuicios, juzga sin pasiones y sanciona con pruebas. Demuestra su decadencia cuando el aparato estatal deja de servir a la justicia para servir a la confrontación política.
Conviene recordarlo ahora, cuando el cambio de gobierno despierta comprensibles emociones y expectativas. Las democracias no se distinguen por el entusiasmo de sus mayorías, sino por la disciplina con la que se someten a sus propias reglas. El verdadero espíritu republicano consiste en aceptar que la ley debe ser fuerte para castigar al culpable y suficientemente imparcial para proteger al inocente, incluso cuando las circunstancias políticas inviten a confundir justicia con revancha. Al final, esa es la diferencia entre un Estado que ejerce autoridad y un Estado que ejerce poder sin límites. El primero obtiene obediencia porque inspira confianza en la imparcialidad de sus instituciones. El segundo solo consigue temor, porque reemplaza el imperio de la ley por la voluntad de quienes circunstancialmente gobiernan. Allí nace la arbitrariedad y allí comienza, como advirtieron los grandes pensadores del constitucionalismo, el deterioro de la libertad..
