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Vivimos tiempos convulsos. La violencia armada en Colombia se recrudece, las instituciones están a prueba y los discursos de odio escalan con peligrosa naturalidad. Un escenario que nos alerta sobre la urgencia de cuidar la democracia en medio de esa tormenta. Y eso implica velar porque nuestras instituciones funcionen, las reglas se respeten y el poder no se imponga como una fuerza, sino como una responsabilidad ética al servicio del bien común.
En menos de dos años, Colombia ha tenido cuatro comandantes del Ejército, tres directores de la Policía y decenas de cambios en la cúpula militar. Más allá de las cifras, el mensaje es inquietante: el debilitamiento de la continuidad y la creciente politización de las Fuerzas. Garantizar que nuestras Fuerzas Armadas se mantengan del lado de la Constitución, y no sujetas al vaivén de intereses coyunturales, debe ser prioridad.
A este panorama se suma la renovación en las Altas Cortes. En 2025, se abrirán cuatro vacantes en la Corte Constitucional; es decir, cambiará casi la mitad de este Tribunal. Además, entre el 2024 y el 2025, se seleccionarán nueve magistrados del Consejo de Estado, seis de la Corte Suprema de Justicia y dos del Consejo Superior de la Judicatura. Estas selecciones serán cruciales, porque con ellas nos estamos jugando asuntos como los contrapesos al poder ejecutivo, la discusión de derechos fundamentales y las reformas a la justicia.
El populismo es astuto. Se arropa en los principios democráticos para minarlos desde adentro. Usa el caos como argumento para contradecir la institucionalidad, siembra dudas sobre los procesos electorales, y cuando pierde, no siempre lo reconoce. Lo que acabamos de presenciar en la votación de la consulta popular en el Senado no es menor: un Gobierno Nacional promoviendo la deslegitimación de las instituciones cuando los resultados le son adversos. La democracia no se destruye solo con violencia armada. También se erosiona con sospechas calculadas y desprestigio sistemático.
El agravio no puede normalizarse como método de gobierno. La violencia en Colombia no solo se mide en cifras de homicidios. También se mide en la degradación del lenguaje, la destrucción del respeto, la imposibilidad de disentir sin ser acusado. Cordura y decencia. Las formas importan. También construyen democracia.
Este momento nos plantea interrogantes urgentes: ¿Quiénes están hoy dispuestos a liderar desde el consenso y no desde la furia? ¿Qué proyecto puede convocar a los distintos en lugar de enfrentarlos? ¿Cómo rodeamos a las instituciones -Cortes, Congreso, Fuerzas- para que no sean devoradas por el desprestigio? ¿Cómo cuidamos la voluntad del pueblo sin caer en el espejismo de que democracia es solo gritar más fuerte?
La democracia representativa no es perfecta, pero es lo que tenemos. Y es preferible a cualquier forma de imposición. En ella cabe la crítica, el desacuerdo, el reclamo. Pero también la esperanza, el respeto y la construcción colectiva.
Este es un momento para proteger y cuidar. No es un acto partidista, sino uno patriótico. Porque si algo debe unirnos por encima de las diferencias, es la convicción de que la democracia es el camino. Cuidarla, incluso en sus días más difíciles, es cuidarnos a nosotros mismos.
*Esta es mi última columna como Presidente Ejecutiva de Proantioquia. Gratitud a El Colombiano por dar cabida a voces diversas, por escuchar al sector privado y valorar sus aportes a la conversación pública.
