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La muerte del niño Kevin Acosta no puede leerse como un accidente doméstico aislado. Es el reflejo doloroso de un sistema que, atrapado en disputas ideológicas y fallas de gestión, termina trasladando sus costos a los más vulnerables. Kevin padecía hemofilia, un trastorno grave de la coagulación que exige tratamiento permanente y acceso inmediato a medicamentos específicos para controlar hemorragias. Tras una caída en bicicleta presentó un sangrado anormal, propio de su condición. Según su madre, la EPS que lo atendía, hoy bajo control del Gobierno, no le suministró oportunamente el medicamento requerido para detener la hemorragia. El desenlace fue fatal. Y a la tragedia se sumó una reacción oficial que dejó más preguntas que respuestas cuando el ministro de Salud y el presidente insinuaron que la responsabilidad recaía en la familia por haber permitido que el niño montara bicicleta.
Ese señalamiento resulta profundamente inconveniente e inaudito. Culpar a los padres, en lugar de ordenar una investigación exhaustiva sobre la cadena de atención, sugiere un intento por desplazar la discusión desde el terreno institucional hacia el ámbito privado. No se trata de desconocer que la hemofilia implica riesgos, sino de recordar que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso efectivo y oportuno a los tratamientos necesarios para mitigar esos riesgos. La Constitución de 1991 consagra la salud y la vida como derechos fundamentales. No son favores, ni concesiones administrativas.
El problema no es que un niño monte bicicleta. Con tratamiento adecuado, los pacientes con hemofilia pueden desarrollar actividades físicas bajo supervisión y llevar una vida relativamente normal. El verdadero problema surge cuando el sistema falla en proveer el medicamento que permite prevenir una hemorragia. Si hubo interrupciones en el suministro, demoras en autorizaciones o barreras administrativas, estamos ante una falla estructural, no ante una imprudencia familiar.
En los últimos años, el Gobierno ha incrementado su intervención sobre las EPS y ha asumido un mayor control sobre entidades que administran recursos públicos. Esa mayor injerencia implica también una mayor responsabilidad política. Cuando el Estado participa directa o indirectamente en la gestión de una aseguradora, no puede presentarse como espectador neutral frente a sus resultados. La tragedia de Kevin obliga a evaluar si la transición hacia un esquema más estatizado ha fortalecido o debilitado la capacidad de respuesta ante pacientes con enfermedades de alto costo.
Lo más inquietante es el mensaje implícito en la reacción oficial. Si la narrativa dominante sugiere que la protección de un niño con hemofilia depende ante todo de la prudencia de su familia, se desdibuja la noción misma de derecho. La salud deja de ser una garantía exigible y se convierte en una responsabilidad casi exclusiva del entorno doméstico. Esa inversión de cargas resulta incompatible con el marco constitucional.
No se pretende convertir una tragedia en bandera política. Se trata de exigir respuestas claras ¿estaba garantizada la disponibilidad del medicamento?, ¿existieron trabas administrativas?, ¿qué protocolos de seguimiento tenía la EPS para un paciente pediátrico con hemofilia? Antes de formular juicios morales, el Gobierno debe ofrecer explicaciones verificables.
La muerte de Kevin no puede cerrarse con declaraciones defensivas. Requiere investigación independiente, transparencia y, si corresponde, sanciones. Cuando un niño muere por falta de acceso oportuno a un tratamiento conocido y disponible, el debate trasciende lo técnico. Es una cuestión de responsabilidad pública, y en ese terreno, eludirla no es una opción legítima.
