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Los Equipos Básicos de Salud son la columna vertebral del denominado nuevo “modelo de salud preventivo y predictivo” propuesto por el actual gobierno, supuestamente para hacer frente a los problemas estructurales del sistema colombiano. Según el Ministerio de Salud, “están conformados por auxiliares y profesionales de enfermería, médicos, psicólogos y otros, quienes llegarán a todos los rincones del país, garantizando el derecho a la salud de los colombianos (...)”, y en ellos se invirtieron más de $1 billón de pesos en 2024.
Se trata de una estrategia conocida a nivel mundial desde hace décadas, incluida Colombia, especialmente desde 1978 con el nacimiento del concepto de Atención Primaria en Salud, inicialmente orientado a ampliar el acceso a servicios para comunidades marginadas.
Aunque la iniciativa es loable en teoría, existen preocupantes evidencias sobre su utilización con fines políticos por parte del gobierno. Un antecedente claro es el programa “Territorios Saludables”, impulsado por el entonces alcalde Gustavo Petro, mediante el cual se nombraron cerca de 8.000 funcionarios, en su mayoría “enlaces comunitarios” sin formación en salud. En la práctica, este programa sirvió como mecanismo para asignar cargos burocráticos a líderes sociales a cambio de apoyo político.
Además, no existe evidencia estadística que demuestre que dichos equipos hayan mejorado el acceso a los servicios de salud en Bogotá. Por el contrario, su implementación coincidió con el colapso de la red hospitalaria, el aumento en la saturación de los servicios de urgencias y largas filas para acceder a una consulta médica o a medicamentos. De hecho, estos equipos fueron utilizados para repartir propaganda política y movilizar a personas en las llamadas “marchas de las batas blancas” que tuvieron lugar en esa época.
Lo que ocurrió en Bogotá entre 2012 y 2015 es hoy replicado a nivel nacional, generando una crisis humanitaria sin precedentes en la atención a los pacientes más vulnerables, crisis que el gobierno se niega a reconocer pese a la abrumadora evidencia.
A pesar del alto costo en términos de bienestar y vidas humanas, el gobierno insiste en mantener esta estrategia como una maniobra política, utilizando recursos de la salud pública para comprar lealtades. Las múltiples denuncias públicas recientes respaldan esta afirmación y muestran que, para algunos en el poder, lo fundamental no parece ser la salud ni la vida de la población más humilde, sino la conservación del control político.
