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La reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro deja una enseñanza que Colombia no debería ignorar. Más allá de las discusiones políticas, el país perdió cuatro años enfrascado en una confrontación ideológica que terminó sin producir una reforma estructural y, peor aún, profundizando la incertidumbre de uno de los sectores más sensibles para la vida de los ciudadanos.
El fracaso no puede atribuirse exclusivamente al Congreso. En una democracia, el Gobierno tiene la responsabilidad de construir consensos, explicar sus propuestas, escuchar las críticas y generar confianza. Nada de eso ocurrió de manera suficiente. La reforma fue presentada como una ruptura total con el modelo vigente, pero nunca logró demostrar, con evidencia técnica y financiera, por qué el nuevo sistema sería superior, cómo funcionaría la transición ni cuáles serían sus costos y riesgos para los pacientes.
La confrontación terminó sustituyendo al diálogo. Las diferencias técnicas fueron interpretadas como oposición política; las críticas provenientes de pacientes, sociedades científicas, universidades y expertos fueron frecuentemente descalificadas; y la construcción colectiva de soluciones quedó relegada por una narrativa que privilegiaba la confrontación entre lo público y lo privado.
Sin embargo, sería un error concluir que el problema consistió únicamente en la forma como se presentó la reforma. También sería equivocado pensar que el sistema anterior no necesitaba transformaciones profundas. Ambos extremos desconocen una realidad evidente de que Colombia requiere una reforma, pero una reforma construida sobre evidencia, experiencia y consenso, no sobre dogmas ni intereses particulares.
Ese es quizás el principal desafío para el próximo gobierno. No se trata de defender incondicionalmente a las EPS, ni de fortalecer sin límites a los prestadores privados, ni de proteger los intereses de la industria farmacéutica. Tampoco consiste en asumir que todo lo público es, por definición, superior a cualquier esquema de participación privada. Las posiciones absolutas han demostrado ser malas consejeras para la política pública.
La única pregunta que debería orientar cualquier decisión es si beneficia realmente a los pacientes y mejora las condiciones de salud de la población. Ese interés general debe prevalecer sobre cualquier interés corporativo, económico o político. Cuando las decisiones terminan condicionadas por aseguradores, prestadores, proveedores de tecnologías, farmacéuticas, sindicatos, partidos políticos o grupos de presión, el ciudadano deja de ser el centro del sistema para convertirse en un actor secundario con beneficios residuales.
El próximo gobierno tendrá la oportunidad de corregir ese rumbo. Para lograrlo necesitará recuperar el diálogo técnico, convocar a todos los sectores sin exclusiones, reconocer los avances alcanzados durante las últimas tres décadas y, al mismo tiempo, corregir las fallas que hoy afectan el acceso, la oportunidad, la sostenibilidad financiera y la calidad de la atención.
Las grandes reformas no nacen de imponer una visión sobre las demás. Nacen de la capacidad de construir acuerdos alrededor de objetivos comunes. La salud no puede seguir siendo el escenario donde se enfrentan ideologías, intereses económicos y disputas políticas mientras los pacientes esperan medicamentos, consultas, cirugías o tratamientos oportunos.
El fracaso de la reforma del gobierno Petro debería entenderse como una advertencia, no como una oportunidad para repetir los mismos errores desde la orilla contraria. Colombia necesita menos polarización y más evidencia; menos dogmas y más capacidad de gestión; menos protagonismo de los grupos de interés y más protagonismo de los ciudadanos. Porque, al final, la reforma que importa no es la que favorezca a un gobierno, a un sector empresarial o a una corriente ideológica, sino aquella que garantice que el sistema exista para servir a quienes le dan sentido: los pacientes.
