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Hace cuarenta años, Colombia vivió uno de los capítulos más dolorosos y determinantes de su historia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia fue tomado por un comando del M-19. Lo que comenzó como una acción armada terminó en tragedia nacional: más de un centenar de muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fue un ataque al corazón mismo de la democracia, en un país ya desgarrado por el narcotráfico, la violencia política y la desconfianza institucional.
Sin embargo, incluso en medio del horror, la sociedad colombiana supo reaccionar. De aquella devastación emergió una voluntad colectiva de cambio. De esa herida profunda nació la Constitución de 1991, una carta plural y moderna que representó el anhelo de un país por reinventarse sobre los cimientos de la dignidad, la libertad y los derechos ciudadanos.
Cuarenta años después, el contexto ha cambiado, pero las advertencias permanecen. En febrero de 2024, magistrados de la Corte Suprema fueron asediados por simpatizantes del Gobierno que intentaban presionar sus decisiones. Aunque sin violencia armada, el episodio reveló algo inquietante: la erosión del respeto por las instituciones.
En los años ochenta y noventa, las amenazas llegaban desde las armas y el narcotráfico; hoy, se propagan a través de la desinformación, el populismo y la polarización. Antes eran fusiles los que atentaban contra la independencia judicial; ahora son las palabras, las narrativas y los discursos los que buscan socavarla. Y, a veces, las palabras hieren tanto como las balas.
Los noventa también fueron testigos de otro duelo: el asesinato de líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. La política se pagaba con la vida. Casi cuatro décadas después, el país volvió a estremecerse con el atentado contra el senador Miguel Uribe. La violencia política no ha desaparecido; solo ha cambiado de forma, desplazándose de los campos de batalla a los escenarios digitales, donde se libran guerras de opinión y reputación.
Mirar atrás no es un acto de nostalgia, sino de conciencia. Recordar la toma del Palacio de Justicia no debe servir solo para lamentar lo ocurrido, sino para reafirmar un compromiso colectivo: Colombia no puede volver a ese punto. Cada ciudadano, empresa e institución tiene la obligación moral de proteger la democracia, de custodiar la independencia de los poderes públicos y de rodear a quienes, desde la justicia, la academia o el liderazgo social, la sostienen con valentía.
Hoy se habla de nueva constituyente. Pero el país no está en el mismo punto de 1991. Aunque persisten la violencia y la desigualdad, el camino hacia un nuevo pacto nacional no puede construirse sobre la imposición ni el fervor momentáneo. Como advirtió Mauricio Gaona, hijo del magistrado asesinado Manuel Gaona Cruz: “Asamblea Constitucional sí, pero a una decisión fundante del constituyente primario que es la sociedad política; no como herramienta de asamblea popular en manos de un líder caudillista”.
Frente a la sensación de que los fantasmas del pasado vuelven a rondar, debemos reafirmar lo que somos. Las empresas, la academia y los ciudadanos no podemos quedarnos inmóviles. Defender la democracia no es un gesto simbólico: es una tarea diaria, minuciosa, valiente y lo más lindo: conjunta, en equipo.
En Proantioquia, y en Antioquia, hemos elegido transformar la preocupación en compromiso, el miedo en oportunidad y la memoria en aprendizaje. Porque solo así podremos construir un país donde la justicia no sea una causa pendiente, sino una convicción compartida.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia
