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Imagínese por un momento a un campesino del Catatumbo o del Putumayo con una hectárea fértil ante una decisión condicionada por su entorno: sembrar coca o un producto de la canasta familiar. Si opta por lo segundo —como debería ser—, afrontará más obstáculos: necesita apoyo, vías para sacar la cosecha, comprador que pague a tiempo y un Estado que no le falle. Si siembra coca, probablemente tendrá comprador, precio fijo y un grupo armado ilegal que le garantizará “seguridad” a cambio de sumisión.
No hacen falta neuronas para saber cuál opción ha prevalecido en un país donde el campo ha sido cooptado por una dinámica perversa que llenó sus tierras de coca, no desde una lógica ancestral, sino desde la del conflicto armado que alimenta narcotráfico y negocios ilegales.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2014 y 2024 el área cultivada con coca en Colombia se cuadruplicó. Hoy tiene cerca de 300.000 hectáreas sembradas, cerca del 5% de las tierras cultivables. La coca es el octavo cultivo de mayor extensión del país y supera en más del doble las 136.227 hectáreas sembradas de tomate, cebolla y fríjol.
Las cifras muestran la magnitud del problema. En los últimos cuatro años, la expansión de cultivos ilícitos coincidió con la oscura política de la Paz Total, que fortaleció a los grupos ilegales. Esa debilidad incrementó su control territorial y convirtió la siembra de coca en una fuente aún más lucrativa para sus rentas criminales. La política del gobierno pasado contra el narcotráfico fue ineficaz: dejó más cultivos ilícitos y más poder en grupos ilegales.
EE. UU. ratificó descertificación de Colombia en lucha contra las drogas, decisión que se anticipaba. La embajadora en EE. UU., María Consuelo Araújo, fue clara sobre su interpretación: es “el resultado y reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”. Colombia queda en el mismo grupo de Afganistán, Bolivia y Birmania. La descertificación deteriora la reputación del país y abre la posibilidad de perder recursos, aunque el apoyo no se ha suspendido por completo gracias a la “excepción por interés nacional” (waiver). La ayuda se ha reducido: los desembolsos de EE. UU.s para este propósito pasaron de US$453 millones en 2022 a US$209 millones aprobados por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para 2026.
Ahora toca esperar un año para saber si el país logra corregir el rumbo. Washington dejó la puerta entreabierta: se comprometió a revisar la decisión si Colombia muestra avances. El gobierno de Abelardo de la Espriella busca conseguirlos mediante la recuperación de la seguridad en los territorios, donde la erradicación de cultivos debe ser prioritaria para desmantelar redes delictivas y transformar las zonas rurales afectadas por la coca.
El tiempo dirá si el país es capaz de revertir esta realidad. Lo cierto es que la voluntad política definirá la contundencia de la respuesta y ojalá permita que, en unos años, podamos decir que en el campo colombiano hay más tomate, cebolla y fríjol que hoja de coca.
