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Retomar el rumbo ambiental del país, después de ver cómo la extracción de oro criminal destruyó y contaminó áreas enormes del bajo Cauca, sin lugar a dudas implicará un esfuerzo del presidente de la Espriella que tendrá que ser visionario y asertivo.
La discusión pública por lo general suele reducirse a un falso dilema entre minería legal e ilegal, pero la realidad es más compleja. Existen miles de pequeños mineros que han trabajado durante décadas sin acceder a un título o culminar un proceso de formalización. Existen estructuras criminales que utilizan la minería como una de sus principales fuentes de financiación. Tratar a ambos de la misma manera no solo resulta injusto; también ha demostrado ser ineficaz. Estudios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidencian que más del 70% de la explotación de oro de aluvión (río) se desarrolla en criminalidad e informalidad. Esa realidad es un enorme reto institucional, pero también una oportunidad.
Debemos cambiar el paradigma. La pregunta no es cómo perseguimos a los mineros sino cómo identificamos a quienes quieren hacer las cosas bien y concentrar toda la capacidad del Estado en quienes deliberadamente permanecen en la criminalidad. La formalización debe dejar de entenderse como trámite y convertirse en herramienta de inteligencia económica y ambiental. Cada productor formalizado debe estar identificado, cada explotación georreferenciada, su producción reportada y la cadena comercial trazable hasta en lo mínimo. Mientras mayor sea el universo de mineros formalizados, más pequeño será el espacio donde pueden ocultarse organizaciones criminales. Para lograrlo, Colombia necesita simplificar el ingreso a la legalidad. Una licencia temporal de formalización ayudaría que pequeños productores operen mientras cumplen requisitos técnicos, ambientales y laborales. Una ventanilla única reduciría años de trámites a pocos meses. Un registro nacional digital de productores permitiría conocer quién produce, dónde y cuánto. Inclusive para minería de veta solamente con el seguimiento al plan de avance del túnel se puede determinar cuál es la producción promedio de mineral.
Fundamental, construir una trazabilidad del oro. Cada gramo debería tener origen verificable desde la mina hasta la exportación. Quien compre oro sin trazabilidad asumiría responsabilidades administrativas y penales. Así, el mercado dejaría de premiar al productor ilegal. La tecnología ofrece herramientas. Imágenes satelitales, drones, inteligencia artificial y analítica de datos permiten detectar nuevas explotaciones, comparar producción declarada con actividad observada e identificar desviaciones que ameriten investigación. La inteligencia financiera con IA puede complementar este esfuerzo siguiendo rutas del dinero, comercializadoras y las exportaciones. Formalizar no significa bajar estándares ni tolerar actividades ilegales. Significa tener un Estado capaz de distinguir entre quién necesita apoyo para cumplir la ley y quién utiliza el oro para rentas criminales. En esa diferencia puede hacer que aumente el recaudo, se fortalezcan las regiones mineras y se recupere la confianza en la institucionalidad.
Colombia produce aproximadamente 1.5 a 2 mill de onzas al año (formal, informal y cálculos aproximados de criminalidad), estas pueden valer $20 billones. Si promediamos entre minería aluvial y de veta y formalizamos 500.000 Onzas al año las cifras en impuestos, regalías e impacto en el medio ambiente serían monumentales. Con esos recursos reconvertimos al Bajo Cauca y al Nordeste de Antioquia de la mano de grandes empresas con alta tecnología en sus operaciones.
