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El concepto de institucionalidad se suele confundir, de forma elemental, con el conjunto de organizaciones gubernamentales. Sin embargo, en su sentido más profundo y práctico, la institucionalidad es el acumulado de leyes, normas, procesos, prácticas, comportamientos, etc., que guían las interacciones en cualquier sociedad.
En la actualidad, su concepto se ha consolidado con aporte y respaldo de diferentes perspectivas. Así por ejemplo, desde las ciencias sociales se define institucionalidad como los patrones de comportamiento que regulan las interacciones humanas; desde la política se califican como los organismos que estructuran, regulan y supervisan la convivencia en todos los ámbitos; desde lo económico como las reglas de juego a las que se someten las transacciones que se dan en una comunidad; etc. En resumen, se podría decir que la institucionalidad es a la sociedad, lo mismo que el sistema operacional es a los computadores; ambos son habilitadores para la ágil y correcta funcionalidad.
Ahora bien, el acumulado institucional de toda sociedad se alimenta de sistemas formales e informales. Entre los primeros, normalmente escritos, están constituciones, leyes, normas, derechos de propiedad, etc.; los segundos, no escritos, surgen de manera espontánea en la sociedad, tales como confianza, costumbres, códigos de comportamiento, sanción social, etc. Entre todas las anteriores, y de cara al desarrollo social, la confianza es el lubricante que facilita las interacciones sociales y económicas con la menor fricción posible entre las partes.
El índice Libertad Económica en el Mundo (Índice EFW), del Instituto Fraser de Canadá, con rigurosa metodología aplicada desde 1970, conjuga la valoración de 45 componentes, de cinco diferentes perspectivas, en un solo indicador. Dicho índice se define como el grado en que las instituciones y políticas de un país facilitan a las personas sus actividades económicas, tales como producir bienes, poseer unidades productivas, contratar, trabajar, realizar transacciones, etc. El índice muestra que la libertad económica ha crecido desde el 2000, pero con retroceso posterior a la pandemia.
La edición 2025 (con datos de 2023) acaba de publicarse evaluando 165 países. Lideran el escalafón Hong Kong (8,55 sobre 10), Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos (8,10), y lo cierran Irán, Argelia, Sudán, Zimbabue y Venezuela (3,11). En cuanto Colombia (6,38), ocupamos el puesto 94 en medio de Nicaragua, Bosnia y Herzegovina, Marruecos y Namibia. Tan preocupante como estos bajos números absolutos, es que nuestro desempeño en los últimos 15 años ha retrocedido tanto en índice como en posición, lo que desdice del camino recorrido.
Del estudio del informe, llama la atención ver cómo se correlacionan la libertad económica con indicadores del bienestar humano, sin que necesariamente esté probada una relación causal. Tomado el escalafón de países, agrupándolos por cuartiles, y comparando el primero —más libres— con el cuarto —menos libres—, su PIB per cápita ajustado por poder de compra es 6,2 veces mayor, la expectativa de vida 17 años más, la tasa de pobreza 25 veces menor, la mortalidad infantil 10 veces menor, y así otros indicadores más.
Surge, pues, una imperiosa tarea para la sociedad en su conjunto, a ser una liderada por el próximo gobierno y los que le sigan, partiendo del deterioro que dejará Petro, cuál es reconstruir institucionalidad pública y privada que regule, vigile, incentive y sancione, entorpeciendo lo menos posible la iniciativa privada.
