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Tras la muerte de Miguel Uribe, muchas voces vuelven a la banalidad de los lugares comunes: “desescalar” el tono, bajar la polarización, promover la unidad y el vigesimocuarto “acuerdo nacional”, el término más trillado de este cuatrienio.
Debo discrepar.
Primero, porque hay que llamar por su nombre a lo que nos enfrentamos: un aparato propagandístico que en ningún momento ha pretendido “bajar el tono” ni alarmarse por la escalada de violencia política que implicó el atentado contra Miguel Uribe, sino que, desde el primer instante —no satisfecho con haber instigado la deshumanización de los opositores al gobierno de Petro—, no ha dejado de minimizar lo sucedido, de seguir acabando moralmente con Miguel y su memoria, y de sembrar teorías conspirativas según las cuales todo fue un montaje.
Porque las “bodegas”, o como quieran llamarlas, no se han detenido: en Facebook, TikTok y X, durante los dos meses en que Miguel luchó entre la vida y la muerte, abundó la desinformación sistemática —con millones de visualizaciones e interacciones— que buscó hacer creer que el atentado fue falso, restar gravedad al ataque sicarial contra el senador más votado del país y candidato presidencial de oposición y, sobre todo, persistir, a punta de mentiras, en igualar a la víctima con sus victimarios.
¿Quién está detrás de una crueldad tan coordinada? ¿Quién la financia? No hay certeza, pero al escarbar en los orígenes de esa maquinaria de desinformación —en esos perfiles anónimos que producen, de forma masiva y profesionalizada, contenido violento, donde se mezcla desde propaganda prorrusa y del régimen chavista hasta material banal como distractor— aparece un vínculo común: una defensa irrestricta del gobierno de Petro y sus aliados, amplificada por contratistas del Estado e incluso, a veces, por el propio presidente.
A esto se suma que, sin claridad aún sobre el autor intelectual del asesinato, no se debe omitir la responsabilidad del Gobierno Nacional en el deterioro del orden público derivado de su errática “paz total”. Ahora que el gobierno habla de la “Segunda Marquetalia” de Iván Márquez como posible autora del atentado, no podemos olvidar que fue el propio gobierno el que otorgó estatus político a este grupo de personas que incumplieron los Acuerdos de Paz, ni que su pasividad y complacencia con los grupos criminales han fortalecido a las disidencias de Iván Mordisco, al Clan del Golfo, al ELN y al narcotráfico, que hoy figuran entre los sospechosos de este crimen político.
Finalmente, no puede pasarse por alto que, desde el poder presidencial, se ha instigado un ambiente político violento: la bandera de la “Guerra a Muerte” y los ataques deshumanizadores a la oposición han partido de la Casa de Nariño.
Con las balas ya disparadas, el primer mandatario tampoco ha estado a la altura: la persona que eligió jefe de gabinete, en reacción a la muerte de Miguel, lo mejor que atinó a decir a los medios fue equiparar los riesgos de hacer política en Colombia con los de caerse de una bicicleta. El presidente ha mantenido incólume en su cargo a Augusto Rodríguez al frente de la UNP, pese al fracaso del esquema de seguridad de Miguel y a que este solicitó en reiteradas ocasiones ampliar su protección, todas negadas; y su foco no ha sido reducir la radicalización de su discurso ni otorgar al asunto la relevancia que merece, sino, por encima de todo, pretender enmarcar este magnicidio, el asesinato de un candidato presidencial de oposición, como una conspiración contra él y su gobierno.
Así que sí: el país necesita “unión” y “acuerdos”, pero no en abstracto, sino unidad para oponerse a los responsables políticos de esta tragedia.
