Pico y Placa Medellín
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Tal vez fue Lin Yutang quien escribió sobre la naturaleza siempre cambiante de los ríos y cómo nuestra cultura y nuestra historia pueden evolucionar en paralelo.
En efecto, un río nunca es el mismo: el agua río arriba varía en turbidez por los derrumbes provocados por la caída natural de árboles, por las corrientes de sus afluentes que modifican sus orillas, o por las lluvias en las cabeceras que alimentan su cauce y alteran su volumen.
Nuestra cultura cambia de igual modo. Basta un ejemplo: la política en una semana puede transformarlo todo... dos alianzas y el panorama es otro.
Y el paisaje de la violencia en nuestros territorios también ha mutado. Pensemos primero en los años de Pablo Escobar y en lo que ocurrió tras su muerte: las bandas del narcotráfico se atomizaron; ya no estaban ni Lehder ni Rodríguez Gacha. Se consiguió que no existiera un gran capo visible que desestabilizara al Estado y a la sociedad mediante bombas y atentados. Quedaron, eso sí, reductos que siguieron traficando y ejerciendo violencia en las comunas de Medellín, sobre todo.
Con la guerrilla ocurrió algo similar: se fueron muriendo de viejos Jacobo Arenas y Tirofijo, y fueron abatidos Reyes y Cano. Tras la entrega de armas en 2017, cuando miles de combatientes salieron de las selvas y montes de Colombia, las FARC quedaron mayoritariamente desmanteladas. Era previsible que surgieran disidencias, y así fue: Santrich y Márquez regresaron a la clandestinidad después de haber firmado la paz en el Teatro Colón, para rearmarse y continuar recibiendo apoyo. Venezuela se convirtió luego en una retaguardia para muchos grupos.
Hoy, con escaso esfuerzo estatal para combatirlos, existen múltiples facciones dedicadas al tráfico de drogas, al aprovechamiento ilícito del oro y a la trata de personas: están las FARC disidentes, el ELN, el Clan del Golfo, entre otros. Hacen un ruido descomunal, asesinan a civiles inocentes y se enfrentan entre sí. Uno de sus objetivos prioritarios es eliminar a los firmantes del acuerdo de paz.
Hay, sin embargo, una diferencia sustancial: ya no existe un grupo terco e ideologizado cuyo propósito sea tomar el poder. Eso modifica la naturaleza de ese río de violencia, aunque no atenúa sus formas ni el terrible impacto inmediato sobre las poblaciones de los territorios sometidos.
Colombia es un país con grandes ciudades que funcionan razonablemente; no están exentas de problemas, pero, por ejemplo, Bucaramanga ha sido en varias ocasiones reconocida como una de las mejores urbes latinoamericanas. Sin embargo, si nos alejamos 30 o 50 kilómetros de esas ciudades, aparecen territorios empobrecidos, dominados por la centralización desde la capital en municipios de categoría seis, donde escasean recursos incluso para pagar los sueldos del alcalde y concejales.
“Colombia no tiene control de su territorio”, me dijo hace muchos años un senador de Arizona. Con esto no se refería únicamente al control militar —aunque la seguridad es la base—, sino a la presencia de funcionarios bien formados, a los recursos para vías, a una educación y salud de calidad, y a empleos formales ofrecidos por empresas formales.
Esa es la llave: el control del territorio, tan complejo por su geografía y su diversidad cultural, como se debatió nutrida y profundamente en el seminario de Acordemos en Honda el fin de semana pasado.
